Por: Pedro Ramírez
La polémica en torno al proyecto Olinia, el vehículo eléctrico mexicano impulsado por el gobierno federal, volvió a exhibir una contradicción recurrente en el discurso público de Ricardo Salinas Pliego: la defensa del libre mercado, que parece tener límites cuando una iniciativa amenaza alguno de los nichos comerciales de su conglomerado empresarial.
El empresario y evasor fiscal, propietario de TV Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca e Italika, descalificó recientemente el proyecto automotriz Olinia, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, comparándolo con una motocicleta de su propia marca y cuestionando su viabilidad comercial antes incluso de que el vehículo entre en producción.
La crítica, sin embargo, abrió un debate más amplio sobre quién la emite y desde qué posición.
Durante años, Grupo Salinas mantuvo una batalla legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales derivados de diversos ejercicios fiscales. Tras resoluciones judiciales, el corporativo ha enfrentado obligaciones millonarias que se convirtieron en uno de los litigios fiscales más relevantes del país.
Paradójicamente, mientras acusa al gobierno de ineficiencia o despilfarro, el propio grupo empresarial dedicó años a combatir en tribunales el pago de contribuciones que, de acuerdo con autoridades federales, debían ingresar a las arcas públicas.
Para sus críticos, la contradicción es evidente, quien exige eficiencia gubernamental ha sido señalado por retrasar durante años recursos que podrían haberse destinado a infraestructura, salud o educación.
La comparación impulsada por Salinas Pliego entre una motocicleta Italika y el futuro vehículo eléctrico Olinia simplifica un debate que en realidad involucra dos conceptos distintos de movilidad.
Las motocicletas de bajo cilindraje representan una alternativa económica para miles de familias mexicanas, sin embargo, también forman parte de uno de los segmentos con mayores índices de accidentes y vulnerabilidad vial.
Olinia, por su parte, busca desarrollar un vehículo cerrado, eléctrico y de bajo costo para trayectos urbanos, con un enfoque centrado en seguridad y accesibilidad.
Aunque el proyecto aún enfrenta desafíos tecnológicos, financieros y de producción, sus impulsores sostienen que pretende cubrir una necesidad distinta a la que atiende una motocicleta.
Por ello, diversos observadores consideran que la reacción del empresario no responde únicamente a una evaluación técnica del proyecto, sino también a la posibilidad de que una alternativa de movilidad económica termine compitiendo con un mercado donde Italika mantiene una posición.
En Puebla, esa postura encuentra un aliado permanente en el inadaptado Hugo Arroyo, director de TV Azteca Puebla y conductor de Hechos Meridiano Puebla.
Desde la pantalla local, Arroyo ha replicado con frecuencia las posiciones de la empresa frente a conflictos políticos o administrativos, particularmente cuando involucran a gobiernos emanados de Morena.
Cada revisión, procedimiento administrativo o controversia relacionada con las instalaciones de la televisora suele presentarse bajo una narrativa de presunta persecución o atentado contra la libertad de expresión, una estrategia que críticos consideran más cercana a la defensa corporativa que al ejercicio periodístico independiente.
La línea argumentativa se repite, cuando las autoridades revisan o fiscalizan, la empresa denuncia censura; cuando los tribunales fallan en materia fiscal, habla de persecución; cuando surge un proyecto que podría competir con alguno de sus negocios, se desacredita públicamente desde los espacios mediáticos del propio grupo.
La discusión de fondo no gira únicamente en torno a Olinia, ni siquiera a los adeudos fiscales de Grupo Salinas, lo que está en juego es el papel que desempeñan los grandes medios cuando pertenecen a conglomerados con intereses económicos directos en los temas que cubren.
Cuando una empresa utiliza sus espacios informativos para defender sus negocios, atacar competidores o presionar políticamente a autoridades, la frontera entre periodismo e intereses corporativos comienza a difuminarse.
Y es precisamente ahí donde surgen las preguntas incómodas. ¿Se trata de una legítima crítica empresarial a un proyecto gubernamental? ¿O de una campaña para proteger mercados estratégicos?
¿Es una defensa de la libertad de expresión? ¿O una estrategia para blindar intereses económicos bajo el paraguas mediático?
Mientras esas preguntas permanecen abiertas, la imagen que proyectan el nuevo Al Capone, Ricardo Salinas Pliego y sus operadores locales es la de un poder económico que exige reglas para todos, pero que con frecuencia parece inconforme cuando esas mismas reglas terminan aplicándose a sus propios negocios.
