Pedro Ramírez
Gaby Ruiz, presidenta del PAN municipal de Puebla, cuestionó la estrategia de la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento capitalino y advirtió que la instalación de nuevos Puntos Seguros no garantiza por sí misma una atención efectiva para las víctimas de violencia.
La dirigente panista señaló que, de acuerdo con testimonios que han recabado, los distintos Puntos Seguros activados en meses recientes carecerían de un protocolo unificado y de capacitación suficiente para que el personal sepa cómo actuar ante una mujer que solicita ayuda.
Ruiz planteó que la atención no debe terminar en el primer contacto con la víctima, sino que debe existir seguimiento y alternativas para que las mujeres puedan salir del círculo de violencia, particularmente cuando enfrentan violencia económica.
En este sentido, cuestionó qué acciones se están implementando para facilitar que las víctimas obtengan ingresos propios y alcancen independencia económica.
La presidenta del PAN municipal también citó información obtenida mediante una solicitud de transparencia, según la cual la dependencia habría identificado 316 casos de violencia entre enero y julio, con la violencia económica entre las principales problemáticas detectadas.
De acuerdo con los datos expuestos por Ruiz, en ese mismo periodo la Secretaría de las Mujeres destinó 49 mil 980 pesos a talleres, asesorías y capacitación para mujeres en búsqueda de empleo, mientras que señaló un gasto cercano a 4 millones de pesos en actividades conmemorativas y culturales.
Ante este contraste, la panista cuestionó si los programas y actividades de la dependencia están generando resultados concretos para las mujeres víctimas de violencia económica.
“La pregunta no es cuántos eventos hace, cuántos puntos seguros nuevos activa o cuánto va a costar la carrera, sino de estos 67 casos de violencia económica que identificó su dependencia, cuántas de ellas ya ayudaron a construir una verdadera salida”, sostuvo.
Ruiz concluyó que la política de atención a la violencia debe medirse por el seguimiento y las soluciones que reciben las víctimas, particularmente por su capacidad para recuperar autonomía económica, y no únicamente por el número de eventos, campañas o puntos de atención instalados.
