Pedro Ramírez
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el Poder Legislativo aún no ha recibido de manera formal la solicitud del Cabildo de Acatlán de Osorio para analizar una posible revocación de mandato de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas.
El legislador explicó que, una vez que el Congreso reciba el oficio correspondiente, se dará el trámite legal establecido, siempre con respeto a la autonomía municipal y conforme a la legislación vigente.
“El Congreso no es un área investigadora”, enfatizó Gaspar Ramírez, al señalar que cualquier procedimiento deberá sustentarse en las investigaciones y elementos que aporten las autoridades competentes, además de apegarse a la Ley Orgánica Municipal y al marco jurídico aplicable.
La declaración surge luego de que el pasado 8 de junio de 2026, durante una sesión de Cabildo en Acatlán de Osorio, la mayoría de los regidores aprobó solicitar al Congreso del Estado el análisis de una posible revocación de mandato contra la alcaldesa.
La propuesta fue avalada con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, tras ser presentada por la regidora de Grupos Vulnerables, Juliana Jiménez Velázquez, quien expuso diversas inconformidades ciudadanas y de trabajadores del ayuntamiento.
Entre los señalamientos planteados destacan presuntas irregularidades relacionadas con la transparencia en el manejo de recursos públicos, dificultades para acceder a información sobre nómina y salarios, supuestos cobros excesivos a ciudadanos y comerciantes, así como acusaciones de opacidad, falta de diálogo y diferencias salariales dentro de la administración municipal.
Como parte del acuerdo aprobado por el Cabildo, el síndico municipal deberá recopilar y documentar las quejas e inconformidades en un plazo de cinco días hábiles para integrar un expediente que será enviado al Congreso del Estado.
Hasta el momento, el procedimiento no implica la destitución inmediata de la alcaldesa, sino el inicio de un proceso de revisión que, en caso de concretarse la entrega de la documentación, deberá ser evaluado por el Poder Legislativo de Puebla conforme a derecho.
