Después de la elección extraordinaria de marzo cuando fueron electos 3 alcaldes, Puebla ya tenía los 217 ayuntamientos con autoridades completas, situación que facilitaría la gobernabilidad y sobre todo garantizaría el progreso de sus habitantes; peroparece que el destino no quiere que así suceda.

Ayer el Congreso del Estado tuvo que revocar el mandato del edil que está preso, así como regidores y síndica de Tlachichuca; por lo que procedió a declarar la desaparición de ese ayuntamiento y nombró un Concejo Municipal.

Las y los diputados locales actuaron en consecuencia luego de que la misma presidenta del Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez, informó que el Congreso del Estado había recibido renuncias de algunos cabildantes por la crisis política de este municipio.

De esta forma fue resuelto el caso, pero ¿Qué va a suceder en otros ayuntamientos en situación es similar? Vale recordar que en Tlachichuca gobernaba Uruviel González Vieyra que hoy está preso por señalamiento de delitos como extorsión y secuestro. El caso de Chalchicomula de Sesma en donde gobernaba Giovani González Vieyra -hermano de Uruviel- y que también está encarcelado por delitos similares. ¿Qué pasará?

Y la duda surge también para el caso del municipio de San Nicolás Buenos Aires en donde el mayor de los hermanos González Vieyra, de nombre Ramiro, también abandonó el cargo de alcalde para evitar ser detenido desde el 7 de marzo cuando detuvieron a sus familiares, por lo tanto él está prófugo y ello afecta no solo a la gestión en la parte política y administrativa, sino que afecta a los pobladores.

Por si no fuera poco con los 3 casos de esa “bonita familia”. Se suman dos situaciones más: Gerardo Cortés Caballero, edil de Cuautempan, quien solicitó licencia por 20 días y Alfredo Ramírez Hernández, alcalde de Ahuazotepec. Ambos con señalamientos fuertes.

Cortés Caballero solicitó licencia para enfrentar acusaciones penales después de un cateo a sus propiedades por presuntos nexos con el crimen organizado. Apenas el 9 de mayo fue cateado su domicilio.

Mientras que Ramírez Hernández presuntamente operaba granjas de criptomonedas y realizaba“huachicoleo eléctrico”. Al enterarse del operativo de revisión en su contra, simplemente huyó, pero en su propiedad encontraron arma de fuego, cartuchos de diversos calibres, seis cargadores, una bolsa con aparente mariguana, cristal y documentos.

En suma, son 5 municipios que enfrentan la ausencia de sus alcaldes. Los ambientes no se han desbordado pese a la circunstancia. Por ahora no hay situaciones de ingobernabilidad que compliquen los escenarios,pero será necesario tomar decisiones resolutivas no solo por las lecturas políticas que implican, sino para evitar más afectaciones a los pobladores que votaron por sus “alcaldes” que -dijeron- verían por el progreso de sus municipios. ¡Ay ajá!

Otra historia de despojo

Tras la presentación del caso de la semana pasada, me llegó otra denuncia en donde hay despojo de un predio y parece que las autoridades judiciales no juegan a favor de la justicia. 

Se trata de la invasión de terrenos en la ex fábrica La Covadonga. En el primer episodio 50 personas armadas invadieron 8.5 hectáreas de la Fundación Julita y Antonio. El hecho llevó a presentar la denuncia FGEP/CDI/FIM/FIM-1/007677/2023.

Por si no fuera poco, hubo una segunda invasión de 2.3 hectáreas de un predio de la misma fundación. El hecho sucedió el 9 de febrero de 2025 y denunciado en FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/2025. Hoy en los predios ya se instaló una planta embotelladora y lotificaron 400 predios en venta por 300 mil pesos cada uno.

La Fundación demostró ser la legítima dueña, pero la respuesta judicial fue omisa y el juez Enrique López Criollo se negó a vincular a proceso al presunto invasor, Jorge Mendoza González, mientras el magistrado Isaí Rivas López no solo confirmó la decisión, sino que ordenó sobreseer el caso. 

Con base en lo anterior. todo indica que la omisión de jueces, la lentitud e inacción de otros frente a un despojo a una fundación es muestra de que los casos similares se registran por una serie de complicidades Tal parece que el caso de Doña Carlota en el Estado de México sirvió para mostrar la punta del iceberg que tiene que ver con los despojos de propiedades en el país y que son el pan nuestro de todos los días.

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