Transitar en la administración pública desde febrero de 1993 hasta la fecha trae consigo muchos bemoles. En efecto, en estos más de treinta y dos años de servicio público he podido conocer de cerca las distintas formas de pensar de los diversos gobernadores que ha tenido Puebla durante ese periodo.
Sin embargo, hay una constante: todos ellos han intentado impulsar a un perfil afín como titular del Poder Judicial del estado, reduciendo así a cenizas el principio constitucional de separación de poderes.
Don Manuel Bartlett, a sugerencia de su entonces secretario de Gobernación, Carlos Palafox Vázquez, apoyó decididamente a Fernando García Rosas para convertirlo en presidente del Supremo Tribunal del Estado. Lo mismo hizo Melquiades Morales Flores con el maestro Guillermo Pacheco Pulido. Mario Marín repitió el patrón: primero dejó a Pacheco Pulido al frente del Poder Judicial tras el escándalo con Lydia Cacho y, posteriormente, impulsó a Leon Dumit para ocupar el cargo.
Con la estrepitosa derrota del PRI y el ascenso de Moreno Valle al Ejecutivo, la situación empeoró. El régimen constitucional en Puebla se fracturó: desde la oficina principal del CIS se decidía la suerte de los otros dos poderes. Primero fue burdamente impuesto como presidente del Tribunal el nefasto David López Muñoz, para luego ser sustituido —con no menos vergüenza— por el bonachón pero inútil Roberto “Bobby” Flores Toledano.
Durante el galicismo se designó a Héctor Sánchez Sánchez como titular de la Judicatura. Este logró mantenerse durante algunos meses en el barbosismo, hasta ser relevado por Carlos Palafox Galeana, quien no solo fue destituido, sino incluso vinculado a proceso por diversos hechos con apariencia de delito.
No hay que olvidar que Martha Érika Alonso, durante los diez días de su efímero mandato, pretendía —por órdenes de su esposo— imponer como presidente del máximo tribunal del estado a Jorge Benito “El Bonito” Cruz. Afortunadamente, la muerte impidió ese atropello.
En tiempos recientes, el exgobernador Céspedes Peregrina, ante las numerosas violaciones a la Ley de Disciplina Financiera cometidas por el Consejo de la Judicatura encabezado por Palafox Galeana y a recomendación expresa de su comadre y súper asesora Patricia Leal Islas, se decantó por un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, de nuevo ingreso a la Judicatura, de nombre José Eduardo Hernández Sánchez, quien continúa en el cargo.
Y sigue despachando en la oficina principal de Ciudad Judicial gracias a que, para su buena fortuna, hoy los poblanos contamos con un gran gobernador en la persona de Alejandro Armenta. No solo por su estatura física, sino por su visión de estadista al decidir no repetir las prácticas de sus predecesores y, por fin, respetar a cabalidad el principio constitucional de división de poderes.
Colaboración institucional, no sumisión, ha sido su directriz desde el inicio de su gobierno respecto a los otros dos poderes del estado. En lo relativo al Judicial, ha sido claro al señalar, en una de sus conferencias mañaneras, que la comunicación con dicho poder será exclusivamente a través de sus presidentes. Y que ningún juez o magistrado puede pretender influir en un asunto jurisdiccional utilizando su nombre como estandarte.
Remató con una frase contundente: “La amistad se honra, no se presume”.
Por eso, resulta absurdo que ahora, a través de un periódico digital venido a menos, se intente hacer creer a la opinión pública que los jueces del estado recibimos “línea” desde el Ejecutivo para resolver en uno u otro sentido los asuntos que nos competen.
Afirmación falsa que niego rotundamente, al igual que la idea de que el licenciado Pedro Martínez —secretario en funciones de magistrado por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura— sea quien “baja la línea” a los jueces o decida el rumbo de la Judicatura poblana.
Tales señalamientos solo buscan confundir a la ciudadanía y servir a oscuros intereses a quienes molesta que Alejandro Armenta sea un gobernador del pueblo y para el pueblo. Él mismo lo ha dicho con todas sus letras: no está para agradar a los ricos, sino para servir a quienes menos tienen y menos saben.
El licenciado Pedro Martínez es un hombre intachable y un gran conocedor del Derecho. Y, además, no es el único secretario en funciones de magistrado: recientemente fue designada como tal una dama en sustitución del inefable magistrado Jared Albino Soriano Hernández en la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia.
Frente a estos ataques orquestados desde un medio decadente y carente de credibilidad, vale la pena preguntarnos: ¿de quién es la mano negra —y peluda— que mueve los hilos desde el anonimato?
¿Quién anda ahí?
Y les aseguro que no es Cri-Cri.
¿Pepito, acaso serás tú?
Al tiempo
