Con la proximidad del proceso electoral de 2027, la efervescencia política dentro de
Morena ha comenzado a acelerarse vertiginosamente. De cara a esta contienda, diversos actores buscan posicionarse en la esfera pública para aspirar a una candidatura. Mientras algunos apuestan por la trayectoria congruente y el trabajo comunitario, otros recurren a prácticas cuestionables que vulneran las reglas del juego democrático. Ante este panorama, la dirigencia y la militancia se enfrentan a un punto de inflexión decisivo: definir los criterios con los que se evaluará a quienes pretendan abanderar el proyecto de la Cuarta Transformación en las urnas.
El referente primordial para realizar este filtro no radica en el discurso electoral ni en el pragmatismo desmedido, sino en el desempeño tangible de los gobiernos emanados de la coalición ganadora de 2024. La máxima popular «por sus frutos los conoceréis» cobra hoy una vigencia apremiante. Evaluar si una administración ha gobernado bien exige medir su apego a los pilares doctrinarios del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar. Un instrumento fundamental para traducir estas directrices en la gestión cotidiana es el «Decálogo para autoridades emanadas de Morena» y partidos miembros de la coalición, firmado en Puebla ante la dirigencia nacional por las autoridades electas en 2024.
Este Decálogo no constituye un mero trámite protocolario, sino un compromiso ético de diez puntos cardinales. Exige a las y los servidores públicos mantener una lealtad absoluta al pueblo mediante audiencias públicas semanales, aplicar una rigurosa austeridad republicana que elimine privilegios y recurrir a la consulta popular ante decisiones complejas. Asimismo, obliga a la transparencia en el uso de recursos, a la tolerancia cero frente a la corrupción, el nepotismo y el influyentismo, y a la conformación de gabinetes paritarios e incluyentes con las juventudes.
En los ámbitos social y ambiental, el documento manda destinar la inversión pública a los sectores más desfavorecidos, proteger los servicios públicos y la naturaleza frente a la privatización, garantizar una seguridad pública no represiva y desvinculada del crimen organizado, y ejercer el gobierno con profunda humildad, desterrando las banalidades del cargo.
A la luz de estos principios, resulta indispensable analizar si quienes hoy gobiernan han actuado con auténtica congruencia o si, por el contrario, han sucumbido al fetichismo del poder. El fetichismo es semejante a la idolatría: es la creación de«dioses» como producto de la imaginación dominadora del ser humano. En el campo político, se identifica cuando un gobernante se presenta a sí mismo como autorreferente del poder, es decir, como su único dueño, desconociendo la
verdadera esencia del poder que emana del pueblo. Tal absolutización de la voluntad del gobernante se traduce en el «así lo quiero» y «así lo ordeno».
Como ha señalado el historiador Lorenzo Meyer, la legitimidad de un proyecto de transformación depende de la coherencia entre el discurso y la praxis diaria. Cuando la política se reduce a la dominación y al beneficio personal —es decir, al «mandar mandando»—, se traiciona la voluntad popular. Por el contrario, la consolidación del segundo piso de la Transformación exige encarnar el principio del «mandar obedeciendo», concibiendo el mandato público como una función de servicio guiada por las máximas «con el pueblo todo, sin el pueblo nada» y «por el bien de todos, primero los pobres».
Para la ciudadanía, este Decálogo trasciende la esfera partidista y se convierte en una herramienta democrática de fiscalización. Permite a las y los electores forjarse un juicio crítico sobre las autoridades a quienes delegaron su confianza. Para el partido, el reto de 2027 exige que la selección de candidaturas no se subordine a componendas internas ni al posicionamiento mediático artificial.
La aplicación rigurosa, transparente y objetiva de las encuestas, respetando estrictamente sus resultados, es el único mecanismo capaz de otorgar validez y legitimidad al proceso interno. Solo garantizando que las futuras candidaturas recaigan en perfiles de probada honestidad y compromiso social se mantendrá el entusiasmo de la militancia y se asegurará la continuidad de un proyecto político comprometido con la transformación del país.
Finalmente, este compromiso ético adquiere una dimensión aún más urgente ante el escenario nacional e internacional actual, en el que la soberanía de la patria se encuentra bajo el acecho constante de las fuerzas de la derecha conservadora.
Frente a los intentos de estos grupos por subordinar el interés nacional a agendas de corte neoliberal y revertir los logros del pueblo, las y los candidatos que encabecen el proyecto en 2027 deben ser verdaderos defensores de la independencia política, económica y territorial de México.
Defender la soberanía exige contar con liderazgos firmes y congruentes que entiendan que la patria no se vende ni se negocia, y que la mejor trinchera contra el embate de la derecha es un gobierno incorruptible, respaldado por la fuerza y la dignidad del pueblo organizado
