Denunciar por tocamiento, abuso sexual y amenazas en tiempos electorales para descalificar y destrozar las aspiraciones del rival político, se ha convertido en un deporte que podría ser de alto riesgo para el acusador si actúa inventando cargos y, por consiguiente, sin pruebas que respalden sus dichos.

El acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si resulta culpable, se le debe castigar con todo el rigor de la ley, sin proteccionismos burdos que sitúan en tela de duda el funcionamiento de las ya de por sí vapuleadas instituciones.

En todos los casos se impone una investigación rápida y expedita que resguarde los derechos políticos de los implicados y el derecho a ser votados; deslindar responsabilidades entre las presuntas víctimas y victimarios; sancionar penalmente y con severidad a quien invente cargos ocasionando daño moral irreparable y cuidando que los procedimientos legales no se alteren premeditadamente dejando sin efecto el castigo a infractores.

En este momento las Fiscalías en todo el país, el INE y los Tribunales Electorales, están saturados de denuncias. Unas, son verídicas; otras, con rezago de varios años que no fueron atendidas o que simplemente se guardaron por conveniencias inaceptables; algunas aconsejadas por Abogados a sus clientes para ganar candidaturas eliminando al enemigo; tantas más que ocultan la guerra sucia acostumbrada en cada proceso comicial.

El pueblo es el damnificado principal porque se le engaña, se le involucra, se le calienta para entrar a los madrazos, mientras la élite y los dirigentes de Partidos se reparten el pastel compuesto de curules plurinominales y de mayoría, gubernaturas y alcaldías, junto con sus candidatos predilectos. Los demás que se chinguen.

Hay que tener mucho cuidado con las denuncias integradas por venganza o frustración; como también evitar limpiar a criminales que aportaron dinero a candidatos, entrando en la lista de la impunidad que ha mancillado a la sociedad.

¿Quién puede apostar por la inocencia de un depravado como el Diputado federal Saúl Huerta Corona, a pesar de que no ha sido juzgado ni sentenciado?

Si en estos momentos Huerta Ortega se presenta en San Francisco Totimehuacán, lo linchan por haber despojado de tierras a familias de la localidad.

Defender a un puerco pederasta es de locos. Hay evidencias claras que lo condenan.

No es lo mismo con las acusaciones que pesan sobre Eduardo Alcántara y Gabriel Biestro, que a las claras entran en el terreno de la perversidad por no favorecer con candidaturas o dinero a sus acusadores que, por si fuera poco, esperaron una coyuntura para buscar destruir sus reputaciones.

¿Son ejemplo de honradez José Juan Espinosa Torres, Julio Lorenzini, Alejandro Oaxaca, en San Pedro Cholula donde fueron Presidentes Municipales?

Sólo a los ignorantes e insensatos se les ocurre poner de candidato a la alcaldía de Puebla a un pillo como Eduardo Rivera Santamaría por el Partido Fuerza por México.

La ceguera o un fraude permitirían que Claudia Rivera Vivanco sea reelegida como Alcaldesa poblana, después del deplorable papel que hizo y que ella misma ha reconocido ante la gente.

¿Alguien metería las manos por Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo o por Naasón Merarí Joaquín García, pastor de los fieles del templo del Fin del Mundo?

¿Quién puede decir que el morenovallismo no destrozó las finanzas de Puebla y endeudó a los poblanos como nunca en su historia?

¿A ver quién se ufana de la amistad de Jean Succar Kuri o Kamel Nacif, cuando antes se postraban ante ellos sus adoradores que gozaban de sexo, drogas y alcohol?

Casi todos hablan mal de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se les achacan mil y una diabluras y la desgracia de la nación mexicana, pero no hay denuncias concretas.

Los casos son muchos.

Hay que saber distinguir.

Flotan la farsa, la calumnia, el rencor, la envidia y la ambición. ¡Qué complejo es distinguir la buena voluntad y la verdad!

Después del 6 de junio, las mentiras y verdades quedarán al descubierto, pocos serán realmente culpables de delitos que se les imputan y bastará un “usted disculpe”, aunque el daño ya esté hecho.

Las conveniencias, finalmente, prevalecerán en el México ridículamente legal y democrático.