Pedro Ramírez
La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, Arely Reyes Terán, se encuentra en el centro de la polémica luego de publicar un comentario en redes sociales sobre el caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien se quitó la vida tras enfrentar una denuncia por presunto abuso sexual.
La publicación provocó una fuerte ola de críticas por parte de usuarios, juristas y ciudadanos, quienes señalaron que sus expresiones vulneran principios fundamentales como la presunción de inocencia y evidencian una postura incompatible con la imparcialidad que debe caracterizar a una integrante del Poder Judicial.
La controversia surgió después de que la magistrada respondiera en su cuenta de X con la frase: “Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes”, en referencia al video de despedida que dejó el docente antes de suicidarse.
Aunque la publicación fue eliminada posteriormente, capturas de pantalla comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, generando indignación y un intenso debate público.
En respuestas posteriores, Reyes Terán sostuvo que creía en la versión de la adolescente que presentó la denuncia, lo que intensificó las críticas. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura bajo el argumento de dar credibilidad a las víctimas, la mayoría cuestionó que una magistrada emitiera un juicio anticipado sobre un caso que no había sido resuelto por una autoridad judicial.
El caso gira en torno al profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México con 25 años de trayectoria.
El maestro fue denunciado por una alumna por el presunto delito de abuso sexual. Hasta el final de su vida negó categóricamente las acusaciones y aseguró que era inocente.
Antes de suicidarse, el profesor difundió un video en el que explicó que se sentía “entre la espada y la pared” y que la presión social derivada de la denuncia hacía imposible que se respetara su derecho a la presunción de inocencia.
En el mensaje expresó que, al tratarse de una menor de edad, la opinión pública ya lo había condenado antes de que existiera una resolución judicial.
Tras su fallecimiento, el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó la muerte del docente, condenó la difusión de datos personales de la alumna y llamó a evitar la revictimización, los discursos de odio y cualquier acto que afecte el debido proceso.
