México proclamó su independencia el 27 de septiembre de 1821, tras una guerra iniciada en 1810. Desde entonces, el país ha transitado por diversas formas de gobierno: imperios, repúblicas centralistas y federalistas, dictaduras y, finalmente, una democracia en consolidación. Este camino, sin embargo, ha estado plagado de obstáculos que han limitado el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
¿QUÉ ENSEÑANZAS NOS DEJAN LAS ELECCIONES DEL PODER JUDICIAL FEDERAL?
México vivió un hecho sin precedentes: por primera vez en su historia, la ciudadanía pudo elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. Sin embargo, la participación ciudadana apenas rozó el 13%, según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE). Un acontecimiento histórico que, paradójicamente, pasó casi desapercibido para el electorado.
El proceso, organizado por el INE con estándares de transparencia y cobertura casi total en la instalación de casillas, evidencia una profunda desconexión entre las instituciones judiciales y la sociedad. De los casi 602 millones de boletas impresas, más de 524 millones no fueron utilizadas. ¿Por qué tantos ciudadanos decidieron no acudir a las urnas?
¿DESINTERÉS O DESINFORMACIÓN?
El bajo nivel de participación podría explicarse, en parte, por la complejidad del proceso y la escasa difusión sobre los perfiles y funciones de los candidatos. Mientras que en elecciones legislativas o presidenciales los partidos políticos movilizan estructuras completas de promoción, en este caso la ausencia de campañas tradicionales dejó a millones sin claridad sobre qué se votaba exactamente.
Además, se suma el hecho de que no hay precedentes históricos de este tipo de elección. En otras palabras, no existía un marco de referencia para que la ciudadanía dimensionara la importancia del ejercicio.
¿QUÉ SE VOTÓ REALMENTE?
Aunque se habló de una elección judicial, para muchos no quedó claro qué distingue el trabajo de un juez del de un magistrado o un ministro. Entender esta diferencia es clave para valorar el peso del voto:
Jueces de Distrito: resuelven en primera instancia los juicios que afectan derechos individuales y constitucionales, como los amparos.
Magistrados de Circuito: revisan las sentencias emitidas por jueces, resolviendo apelaciones en materias civil, penal, administrativa o laboral.
Ministros de la Suprema Corte: interpretan la Constitución y tienen la última palabra en temas de trascendencia nacional.
Votar por ellos no es un acto menor: se trata de elegir a quienes aplican e interpretan las leyes que nos afectan en la vida cotidiana.
PARTICIPACIÓN POR DEBAJO DE OTROS EJERCICIOS
El contraste con otros procesos electorales recientes es notable. En la consulta para la revocación de mandato de 2022 participaron 16.5 millones de personas (17.1%), y en la elección presidencial de 2024, el 59.8% de los electores acudieron a las urnas. En este caso, el número fue tan bajo que revive una pregunta incómoda: ¿puede considerarse plenamente legítimo un proceso con tan poca participación?
PREGUNTAS NECESARIAS PARA EL CIUDADANO CRÍTICO
La democracia no se limita al acto de votar. También exige un electorado informado, consciente y crítico. Este proceso histórico invita a reflexionar profundamente sobre la importancia y las implicaciones de nuestro voto:
- ¿Entendemos realmente lo que está en juego?
- ¿Somos conscientes del impacto que estos cargos tendrán en nuestra vida cotidiana?
- ¿Puede considerarse plenamente legítimo un proceso electoral caracterizado por tanta desinformación y complejidad?-¿Y como solucionarlo?
- ¿Cuál debería ser la obligación del Estado para informar claramente al electorado y asegurar que su decisión sea plenamente democrática?
PROPUESTAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y LA LEGITIMIDAD
Para abordar estas inquietudes, es fundamental considerar acciones concretas que fortalezcan la participación ciudadana y la legitimidad de los procesos electorales.
Educación desde las universidades. Las facultades de Derecho, como las de la UNAM, el ITAM y la Universidad Iberoamericana, pueden desempeñar un papel crucial en la formación de ciudadanos informados. Estas instituciones no solo deben ofrecer contenidos académicos sobre el funcionamiento del Poder Judicial, sino también vincular a sus estudiantes con procesos democráticos reales, promoviendo una cultura jurídica crítica y participativa. Involucrar a jóvenes profesionistas en simulacros, análisis de sentencias y seguimiento a procesos judiciales podría traducirse en una ciudadanía más consciente y mejor preparada para tomar decisiones en las urnas.
Campañas de información claras y accesibles. Es esencial que las autoridades electorales, en colaboración con los medios de comunicación y las organizaciones civiles, implementen estrategias de difusión que traduzcan la complejidad del sistema judicial a un lenguaje comprensible. Esto debe incluir materiales audiovisuales, cápsulas informativas en redes sociales, y espacios comunitarios de diálogo. Una ciudadanía bien informada es condición indispensable para elecciones con legitimidad democrática.
Fomento del debate público. La organización de foros y debates sobre la importancia del Poder Judicial y su impacto en la vida cotidiana puede ayudar a sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de su participación. Estos espacios deben ser incluyentes, plurales y abiertos al cuestionamiento crítico. Si el ciudadano no comprende para qué sirve su voto, difícilmente lo ejercerá con sentido de responsabilidad política.
Revisión de los mecanismos de elección. La elección directa de jueces y magistrados es una propuesta novedosa, pero no exenta de riesgos. Es necesario evaluar si este modelo es el más adecuado para garantizar la imparcialidad e independencia judicial. Otras alternativas, como consejos técnicos ciudadanos o mecanismos mixtos de designación con participación ciudadana supervisada, podrían ofrecer mejores resultados. Lo fundamental es garantizar que quien imparta justicia lo haga sin subordinación a intereses políticos ni presiones electorales.
Estas propuestas no son una lista cerrada, sino una invitación a reflexionar colectivamente. La elección judicial de 2025 puede convertirse en una oportunidad pedagógica para robustecer nuestra democracia, siempre que sepamos convertir las lecciones del presente en acciones hacia el futuro.
