Pedro Ramírez
Un total de 315 servidores públicos han sido separados de sus cargos en la administración estatal por incurrir en distintas irregularidades, informó el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, quien explicó que las bajas obedecen a faltas administrativas, laborales y disciplinarias, dependiendo del área y las responsabilidades de cada trabajador.
El funcionario detalló que las faltas administrativas se presentan cuando los servidores públicos incumplen las obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya sea por realizar acciones contrarias a la normativa o por omitir responsabilidades propias de su encargo.
En cuanto a las causales laborales, señaló que estas se relacionan principalmente con las condiciones contractuales y las relaciones de trabajo en dependencias como la Secretaría de Educación, donde determinados procedimientos pueden derivar en la separación del personal.
Respecto a las faltas disciplinarias, explicó que estas corresponden principalmente a elementos de seguridad pública, quienes deben conducirse bajo un marco normativo específico que establece las obligaciones y responsabilidades inherentes a sus funciones.
Espidio precisó que dentro de las 315 separaciones existen casos relacionados con faltas administrativas graves y no graves. Las primeras son turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución, mientras que las segundas son atendidas directamente por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Asimismo, recordó que existe un padrón público de servidores públicos sancionados, en el que se pueden consultar las resoluciones que han quedado firmes. Este registro concentra las sanciones emitidas por autoridades administrativas y judiciales, el Tribunal de Justicia Administrativa, las contralorías municipales y los órganos internos de control.
El secretario indicó que la publicación de estas sanciones se realiza una vez que adquieren firmeza, con el propósito de transparentar las medidas aplicadas contra quienes incumplen las disposiciones que regulan el ejercicio del servicio público.
