El gobernador Alejandro Armenta, señaló con relación al conflicto que se vive en San Pedro Cholula por supuesto “cobro de piso” a locatarios del mercado “Cosme del Razo” que la autoridad municipal está obligada a aplicar la ley y debe descartarse alguna negociación o acuerdo.
“La conciliación o negociación tiene un límite, y quién violente la ley que asuma las consecuencias”, señaló el mandatario estatal, secundado por el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.
El mandatario estatal fue claro en señala en que no meterá las manos al fuego por nadie, se trate de quien se trate, y más cuando se violente la ley,
“¿Cómo se puede conciliar ante un violentado que cobra derecho de piso o narcomenudeo? ahí no debe haber conciliación sino la aplicación de la ley, debe haber justicia”.
Y refirió que “la autoridad municipal que cierre los ojos ante actos ilícitos , seria omisión y complicidad”.
En 7 meses hizo notar que e ha dicho a los presidentes municipales que frente a la injusticia y la inseguridad, “las autoridades ó estamos de lado de la ley ó estamos del lado de los delincuentes, no hay punto intermedio, porque la omisión es complicidad. Una autoridad que cierra los ojos ante un acto delictivo es omiso, y es cómplice”.
Por eso en las mesas de seguridad ha pedido que cuando algún funcionarios cometa un acto delictivo procedan a denunciarlo.
“Los que violenten la ley asuman su responsabilidad, en el gobierno están para servir”, concluyó.
Precisó que su pronunciamiento no es demagógico sino es una convicción. «El cabildo tiene que conciliar eso cuando uno de sus miembros hace algo corrupto o pudiera ser presuntamente vinculado, hay que actuar con apego a la ley».
En San Pedro Cholula, el cabido ha pedido al Congreso del Estado la destitución del sindico municipal Iván Cuautle Minutti, señalado por incurrir en una serie de omisiones relacionadas con «cobro de piso» , así como de no haber denunciado las agresiones sufridas por los locatarios del mercado «Cosme del Razo» el pasado 8 de Julio por parte de gente identificada con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes -UPVA- motivo por el cual 9 de los detenidos fueron puestos en libertad.
También el «abogado del pueblo» se habría aprovechando del cargo público para adueñarse de propiedades inmobiliarias y estar vinculado con una serie de posibles actos de corrupción.
Será el Congreso del Estado el que determine el curso legal que se siga en el caso De San Pedro Cholula.
Por: Angélica García Muñoz/Diario Sin Secretos
