Los hermanos Gilberto y Alfredo Higuera Bernal, Fiscal General del Estado de Puebla y titular de la SEIDO, respectivamente, son investigados ya por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para saber hasta dónde llegaron sus vínculos con Genaro García Luna, encargado de la seguridad nacional con Felipe Calderón Hinojosa y actualmente encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

La orden ha partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ser cuestionado durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Desconozco tales vínculos”, diría.

“La instrucción es que evitemos tener en el gobierno federal a servidores públicos con estas características; que no estén con nosotros. Le he pedido a Durazo una revisión de quienes estuvieron, porque se han quedado varios de las administraciones pasadas, para que se tenga cuidado con eso”.

“No es sólo un asunto de imagen o de forma, sino de fondo”, porque el funcionario que no es honesto, no sirve para estar en su administración.

“Lo peor que puede haber es la impunidad. Que los encargados de la paz y la seguridad estén involucrados con las bandas de la delincuencia, eso es sálvese el que pueda; eso lo tenemos que cuidar. Tiene que haber claridad en la separación entre delincuencia y autoridad”.

Bajo ese tenor, ¿qué sucederá si Gilberto y Alfredo Higuera Bernal salen bien librados de la investigación?

Seguramente serán ratificados y entonces los inconformes con su designación tendrán que guardar silencio.

Otra pregunta sería: ¿Por qué cuando el morenovallismo designó a Gilberto Higuera, como encargado de despacho, no se dijo nada?

¿Es qué los quejosos obedecían al morenovallismo y a su gestión del autoritarismo y represión?

¿Por qué apenas se hace público el disgusto?

¿Por qué no se cuestionó a Víctor Carrancá Bourget y su actuación del terror?

Y también se perdonó a Facundo Rosas Rosas, a pesar del asesinato del niño de Chalchihuapan y de que sus elementos manejaban el negocio del huachicol.

La respuesta inmediata a la petición del Ejecutivo federal la deben tener el Fiscal General de la República, Alejandro Gerts Manero y Alfonso Durazo, pues se supone que antes de habilitar a cualquier funcionario, principalmente en un sector tan delicado como es la seguridad pública, debe haber pasado las pruebas de confianza y revisado con lupa su gestión en los diferentes gobiernos en los que ha participado activamente.

Igualmente, el Gobierno de Puebla debe tener sobre el escritorio las carpetas impolutas de Gilberto Higuera Bernal y del Secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, lo que descalificaría a los sectores que los han despreciado desde el momento de ser elegidos para componer la administración estatal o, en su defecto, convalidarían su malestar.

Ya entrados en gastos, ¿por qué no se investiga a Periodistas abyectos al morenovallismo que, por el contrario, pareciera que son premiados?

La servidumbre de Eukid Castañón Herrera y sus periódicos, andan tan campantes y presuntuosos. Sueltan la carcajada de la soberbia.

¿Por qué no se retiran concesiones como las del agua potable, el SOAPAP y la basura, que perjudican a los poblanos?

¿Por qué no se castiga de manera ejemplar a los morenovallistas que abusaron y se enriquecieron, permitiéndoles refugiarse y buscar acomodo en nuevos Partidos que financian para ser reconocidos a nivel nacional?

Se entiende: Es parte de la política torcida.

directorabcd_reflexiones@yahoo.com.mx