Han sido varios los casos de escándalo y abuso en que se ve involucrada la organización Antorcha Campesina. Se le ha señalado de apoderarse de tierras, viviendas, gasolineras, colonias, transporte público y de obtener prebendas políticas por la vía de la presión y el chantaje.

¿Hasta dónde es cierto?

Denuncias, existen.

Habría que investigar para deslindar responsabilidades.

Ahora que los Consejeros del Instituto Estatal Electoral rechazaron su intención de registro como Partido político, acusa sin sustento al Gobernador Miguel Barbosa Huerta de bloquear su petición, a sabiendas de que sus requisitos los presentó de manera extemporánea y que intentó “piratear” el nombre de “Podemos Puebla”, de acuerdo a la denuncia de su representante Camerina Viveros, quien señaló a un miembro de su organización, perteneciente al grupo antorchista, de realizar trámites ilegales para adueñarse de lo que no le pertenece.

Los dirigentes de Antorcha Campesina quedaron anclados en la era morenovallista, justamente cuando Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad manejaron a su antojo al Instituto y al Tribunal Estatal Electoral. Sus Consejeros eran marionetas y, sin embargo, nunca hubo protestas de su parte; hicieron mutis, quizá porque recibían favores.

Ha sido claro el Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre: “El rechazo se debió a que se detectó que la organización incurrió en ilegalidades durante la contienda, como inscribirse fuera del plazo establecido y presentar documentación apócrifa”.

“Además, hay que agregar la pugna con la organización Podemos por Puebla y la presunta violación de los derechos políticos de su representante Camerina Viveros Domínguez”.

Que Antorcha Campesina no comulgue con el pensamiento de hacer política del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador de Puebla Miguel Barbosa, es otra cosa, pero no será con marchas ni caprichos como pretenda violentar la legalidad institucional e imponer la suya arbitraria y ventajosa.

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