La propuesta del Gobernador Miguel Barbosa de eliminar el fuero, de ser aprobada, constituiría un hecho histórico, no sólo porque permitiría reforzar la lucha frontal contra la corrupción, sino también para entender que ese privilegio no es sinónimo de impunidad.
La legalidad y aplicación de justicia sin torceduras es la garantía de no incurrir en persecuciones ni en inventar delitos.
Este asunto arrastra controversia desde 1812 cuando se proclamó en la Nueva España la Constitución de Cádiz, llevando implícitos el derecho a elecciones del parlamento (Cortes), la libertad de expresión y el federalismo.
Se canceló el decreto a inicios de 1814 porque la corona española vio desventajas de control político, pero fue retomada ese mismo año con la Constitución de Apatzingan para La Libertad de la América Mexicana impulsada por la insurgencia.
Desde entonces el fuero ha permeado en su discusión, argumentándose que es fundamental la conservación del fuero porque se evita la persecución o venganza contra servidores públicos.
Sin embargo, en el entorno federal se han dado los primeros pasos y, ayer, en Puebla, Miguel Barbosa prendió la mecha que, por supuesto, agrada a la gran mayoría de poblanos, al considerar en su iniciativa enviada al Congreso del Estado que: El Gobernador, legisladores, el Auditor Superior del Estado, Magistrados y Consejeros de la Judicatura, pueden ser sujetos a proceso penal durante el período de su encargo por la comisión de delitos.
Es importante citar textualmente lo que cita la iniciativa: “La autoridad Judicial podrá ordenar prisión preventiva oficiosa por la comisión de los delitos considerados en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se enlistan: Delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.
“En caso de tratarse de delitos que no estén en dicho Artículo de la Carta Magna, el órgano judicial competente podrá dictar la medida cautelar de separación del cargo”.
“La propuesta contempla retirar la facultad del Congreso del Estado para que declare si los funcionarios públicos son o no culpables de los delitos que se les imputan”.
¿Qué sigue?
Viene el análisis de los Diputados a la LX legislatura poblana y de ser aprobada la decretará el Ejecutivo, con lo que generaría las condiciones de legalidad en el servicio público y dará certidumbre a los ciudadanos.
Hechos inéditos, históricos, trascendentes, podrían surgir con esta decisión de Miguel Barbosa Huerta que está en manos de los Diputados.
El fuero no se instituyó para solapar trampas, raterías, fraudes, violación de leyes y el crimen. Nunca se entendió.
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