Pedro Ramírez
Las acciones de vigilancia interna en el Poder Judicial de Puebla han derivado en la sanción de siete servidores públicos durante los primeros meses de 2026, entre ellos jueces y psicólogos del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), como resultado de investigaciones iniciadas por denuncias ciudadanas y procedimientos de supervisión institucional.
En entrevista, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que siete funcionarios judiciales han sido sancionados en lo que va del año por diversas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el funcionario, los procedimientos disciplinarios fueron resultado tanto de quejas presentadas por usuarios del sistema de justicia como de revisiones realizadas por las áreas de control y vigilancia del propio Poder Judicial. Entre los sancionados se encuentran jueces y psicólogos adscritos al Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).
Martínez Hernández señaló que las sanciones varían según la gravedad de las faltas cometidas e incluyen medidas administrativas que buscan garantizar el correcto desempeño de los servidores públicos y reforzar la rendición de cuentas dentro de la institución.
La actuación disciplinaria forma parte de una estrategia de supervisión permanente que abarca los 23 distritos judiciales y más de 120 juzgados del estado. El objetivo, explicó, es prevenir actos de corrupción, corregir conductas indebidas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en los órganos encargados de impartir justicia.
El titular del Consejo recordó que desde principios de 2026 se ha intensificado la revisión del actuar de jueces, secretarios y demás personal judicial, en concordancia con los llamados realizados por el gobierno estatal para erradicar prácticas irregulares y garantizar mayor transparencia en la administración de justicia.
A lo largo del año también se han registrado procedimientos que concluyeron en destituciones e inhabilitaciones de funcionarios judiciales investigados por presuntos actos de corrupción, incluidos casos relacionados con solicitudes de pagos indebidos y manejo irregular de información confidencial.
El Consejo de la Judicatura aseguró que mantendrá abiertos los mecanismos de denuncia y continuará aplicando sanciones cuando existan pruebas suficientes de conductas contrarias a la ley, como parte de los esfuerzos para depurar y fortalecer el sistema judicial poblano.
