Pérdidas al crimen organizado superan los 6 mil 900 millones de pesos
Josél Moctezuma
Cuatro laboratorios clandestinos de metanfetamina (cristal) fueron inhabilitados en Puebla entre mayo y noviembre de 2026, en Chila de la Sal en la Mixteca, Jopala y Tlatlauquitepec en la Sierra Norte y Tlachichuca, Sierra Nororiental.
El golpe económico a las estructuras criminales de los carteles supera los 6 mil 900 millones de pesos, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Desde 2010 se han inhabilitado al menos 14 instalaciones de este tipo en el estado.
Operativos federales
13 de mayo, Chila de la Sal (Mixteca). La Guardia Nacional lo detectó en un recorrido de vigilancia. Se aseguraron 2 mil 750 litros y 750 kilos de sustancias químicas, seis reactores de síntesis y un vehículo con placas del Estado de México.
14 de junio, límites de Jopala y Tlapacoya (Sierra Norte). Operaba desde hacía más de un año, en la zona de “Las Fincas”, ejido Ahuacatlaya. Se decomisaron unos 500 kilos de cristal y 25 mil 300 litros de precursores. La afectación se estimó en 2 mil 400 millones de pesos.
El caso derivó en la vinculación a proceso de seis directores municipales de Seguridad Pública, entre el 10 y el 13 de julio, por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal.
5 de noviembre, Tlachichuca (Agua Escondida El Salitrero). Complejo de 11 zonas de operación en área boscosa, descrito como el más grande hallado en la historia del estado. Se aseguraron 587 costales de precursores y 179 instrumentos de destilación. Afectación: 4 mil 132 millones de pesos. No hubo detenidos.
6 de noviembre, Atempan (Sierra Nororiental). Operativo interinstitucional tras reportes ciudadanos, en un predio de unos 5 mil metros cuadrados. Fueron detenidos Jaime N., de 18 años, y Miguel N., de 53. Se aseguraron 650 kilos de metanfetamina en proceso y diversos precursores químicos.
Las afectaciones a los carteles supera los 438 millones de pesos.
En 2025 se localizaron al menos tres laboratorios, algunos en la capital poblana vinculados al Cártel de Sinaloa.
En la actual administración estatal suman al menos seis. Las investigaciones apuntan a que muchos se instalan en zonas rurales aisladas y, en ocasiones, con posibles omisiones de autoridades locales.
