Han transcurrido nueve años desde la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia penal en nuestro país, a través de la cual se instituyó el sistema acusatorio adversarial, privilegiando la oralidad como eje rector y otorgando primacía al principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, hasta la fecha, el antiguo sistema penal inquisitorial sigue vigente en el estado de Puebla, a través de los juzgados penales tradicionales.
Es decir, el Poder Judicial del Estado ha sido omiso en abatir el rezago en esta materia durante casi una década.
En efecto, el Consejo de la Judicatura local desapareció siete de los otrora nueve juzgados de Defensa Social de la capital del estado, subsistiendo actualmente dos, los cuales aún presentan una gran carga de trabajo, pese a contar con múltiples secretarios de acuerdos que intentan abatir el rezago.
Además, miles de órdenes de aprehensión del viejo sistema penal tradicional siguen pendientes de ejecución.
A esto se suma que cientos de personas detenidas bajo los efectos de autos de formal prisión por delitos graves permanecen recluidas en los diversos Centros de Reinserción Social del estado, en espera de una sentencia definitiva de primera instancia desde hace muchos años, en flagrante violación a sus derechos humanos.
Hombres y mujeres que llevan más de doce años en prisión sin que exista una resolución judicial que los declare culpables.
Es decir, están purgando de facto una pena privativa de libertad sin haber sido condenados mediante una sentencia firme.
Para colmo, las mujeres privadas de la libertad bajo el sistema tradicional fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, un penal exclusivamente femenil, lo que implica que están recluidas lejos de su lugar de origen y de sus familias, quienes deben realizar grandes sacrificios económicos para visitarlas, hasta que, por cansancio o por falta de recursos, terminan por abandonarlas a su suerte.
Asimismo, debe señalarse que la gran mayoría de los detenidos del sistema tradicional son representados por defensores públicos, quienes, con bajos salarios y excesiva carga de trabajo, deben enfrentar las innumerables reposiciones de procedimiento ordenadas por los tribunales de alzada.
Imagínese usted, estimada lectora, querido lector, que a una persona que lleva más de diez años detenida y cuyo asunto finalmente ha sido resuelto, se le reponga el procedimiento de primera instancia para verificar si el abogado que lo asistió ante el Ministerio Público —hace más de una década— cuenta con cédula profesional.
Obviamente, dicho defensor —si es que aún vive— debe ser localizado mediante todas las vías legales para acreditar su calidad de licenciado en Derecho. Mientras tanto, durante meses o incluso años, la persona continuará privada de su libertad en espera de cumplir con ese requisito formal.
Y aun así, el Consejo de la Judicatura local ha decidido desaparecer tres juzgados penales tradicionales en el estado: Atlixco, Cholula y Huejotzingo.
Presuntamente, estos serán fusionados con los juzgados civiles de esos distritos judiciales para convertirlos en mixtos.
¿Qué pasará con todas las causas que aún se tramitan conforme a las reglas del abrogado —pero de aplicación ultractiva— Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado?
¿Qué pasará con las víctimas de aquellos delitos que aún no han sido sentenciados y que no han visto satisfecha su legítima exigencia de justicia?
¿Cuántas personas más seguirán privadas de su libertad desde hace más de diez años sin haber recibido sentencia?
Y lo más importante:
¿Hasta cuándo seguirán así las cosas en nuestro estado?
Veremos y diremos.
