·        El mandatario precisó que el acuerdo al aumento a la tarifa del servicio también implica la colocación de cámaras de videovigilancia, sistema GPS y alarmas

·        De no cumplir, habrá retiro de concesiones y rutas de viaje, advirtió

·        Aseguró que su gobierno es consciente del costo político por el incremento, pero que esta es una medida para combatir la corrupción

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, Pue.- Los concesionarios del transporte público tienen un plazo de cuatro meses para cumplir con el acuerdo que se firmó con el  Gobierno del Estado, el cual, además de contemplar el aumento de la tarifa, incluye mejoras en las condiciones de las unidades, afirmó el gobernador  Miguel Barbosa Huerta.

El acuerdo con los transportistas, precisó el titular del Ejecutivo, incluye la modernización de las unidades, la colocación de alarmas, cámaras de videovigilancia y sistemas GPS, medidas con las que se generarán condiciones de seguridad para los usuarios.

En caso de no cumplir con estas condiciones, Barbosa Huerta sentenció que se procederá la cancelación de las rutas de viaje y de las concesiones, las cuales, sostuvo, se revisan las condiciones bajo las que se entregaron por gobiernos pasados.

“No podíamos detener ya un aumento de la tarifa, que más que aumento es un acuerdo entre el transporte y el gobierno porque tiene que ver con modernización del transporte, con asuntos de tecnología para la seguridad de la gente, alarmas, cámaras, GPS, revisar el tema de las rutas tan corrompidas, revisar los permisos. Es un acuerdo muy grande con el transporte para revisar y va a derivar en muchas cosas, la cancelación de rutas, si fueron otorgadas con corrupción, de concesiones estamos en un proceso de revisión de todo”, señaló Barbosa Huerta.

El mandatario estatal aseveró que su gobierno es consciente del costo político del incremento en el precio del servicio, pero que la medida es parte del combate a la corrupción que inició, y que tras ocho años en el que no se atendió el tema, sólo se provocó el “achatarramiento del transporte”.

“Un gobierno tiene decisiones que debe de asumir, el tema de una cuota sostenida por ocho años, qué consecuencias tuvo, el achatarramiento del transporte, estamos conscientes de todo lo que puede implicar socialmente, lo asumimos, pero son decisiones que se tiene que tomar, cero corrupción, porque no vamos a permitir que siga siendo el tema del transporte el lugar donde se aloja la corrupción más fuerte en los Gobiernos del Estado”, apuntó el gobernador.