Pedro Ramírez
La entrega de 24 mil 500 firmas ciudadanas se convirtió en el principal argumento de organizaciones civiles para exigir que el Congreso del Estado, abra espacios de diálogo antes de analizar cualquier reforma relacionada con la identidad de género en niñas, niños y adolescentes.
Representantes de CitizenGO, Civilitas, Matrimonios en Comunidad y otros colectivos aseguraron que miles de ciudadanos han manifestado su interés en participar en la discusión de este tema, por lo que consideraron indispensable que el Poder Legislativo impulse un ejercicio de parlamento abierto que incluya a padres de familia, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Informaron que el pasado 12 de junio presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito respaldado por firmas ciudadanas para solicitar que la voz de la población fuera tomada en cuenta dentro del proceso.
“Hoy venimos a hablar con claridad sobre algo que nos preocupa profundamente: la presión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ejerciendo sobre el Congreso de Puebla”, señalaron.
Los integrantes de las organizaciones criticaron que la SCJN haya establecido una fecha para que el Congreso local informe sobre los avances legislativos relacionados con el reconocimiento legal de la identidad de género en menores de edad, al considerar que dicha acción representa una intervención en las atribuciones del Poder Legislativo.
“La Corte puede juzgar, no puede legislar. Lo decimos fuerte y claro: la Corte no legisla”, afirmaron.
Asimismo, sostuvieron que una reforma de esta naturaleza debe discutirse con amplitud debido a las implicaciones sociales y familiares que podría generar.
En ese sentido, insistieron en que cualquier decisión debe estar acompañada de mecanismos de consulta y participación ciudadana.
“Toda ley con este nivel de impacto en la vida de las familias mexicanas debe pasar por un parlamento abierto. Sin eso no hay legitimidad, hay imposición”, expresaron.
Las organizaciones también manifestaron su preocupación por las implicaciones que tendría el reconocimiento legal de la identidad de género en menores de edad y reiteraron que el tema requiere un análisis profundo antes de que se aprueben cambios legislativos.
Finalmente, señalaron que continuarán promoviendo la recolección de apoyos ciudadanos y defendiendo la apertura de espacios de discusión pública.
