Washington. Estados Unidos endureció el embargo a Cuba al implementar, por primera vez y en desafío a la Unión Europea (UE), una medida que endurece el embargo y que permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
Después de tres meses de amenazas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, levantó hoy la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España y la minera canadiense Sherritt.
La aplicación del Título III permite a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de EU a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Entretanto, el Título IV restringirá la entrada a EU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o comerciado con dichos bienes.
Esas medidas entran en vigor hoy 2 de mayo porque justo caducaba la congelación de los Títulos III y IV dictada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.
En declaraciones a Efe, una portavoz del Departamento de Estado aseguró que el cambio de política busca impulsar la “democracia” en la isla, que vive en “dictadura”.
Por eso, ahora, las autoridades estadounidenses buscan “privar al régimen cubano de la riqueza que necesita para mantenerse en el poder” y castigarle por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Cuba proporciona servicios militares y de inteligencia, según Washington.
Frente a ello, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró hoy jueves que EU recurre a “mentiras y calumnias” para amenazar la “soberanía de los pueblos” y justificar “su descalabro en Venezuela”.
La decisión de Trump promete intensificar las tensiones con la UE, que aglutina la mayoría de las compañías amenazadas y cuya alta representante para Política Exterior, Federica Mogherini, lamentó este jueves “profundamente” la plena aplicación de la ley y consideró que “debilita” la asociación transatlántica.
En una declaración en nombre de los Veintiocho, Mogherini afirmó que la entrada en vigor por completo de la Ley Helms-Burton “contraviene el derecho internacional” y avisó de que la UE “recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación” de esa iniciativa.
En concreto, Bruselas ha prometido utilizar su “estatuto de bloqueo”, que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el Título III y permite a los demandados recibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.