Gabriela García Guzmán
El Gobierno de Puebla iniciará acciones legales en contra de empresarios y exfuncionarios presuntamente involucrados en la omisión del cierre formal de contratos, situación que derivó en un cúmulo de más de cien denuncias que hoy ponen en riesgo las finanzas estatales, informó el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra.
Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que al comenzar la actual administración se detectó un rezago superior a las 100 demandas legales relacionadas con contratos heredados de gobiernos anteriores, algunos con una antigüedad de hasta 20 años. Subrayó que la falta de finiquito permitió que estas obligaciones se transformaran en litigios con reclamaciones económicas elevadas, cuyo impacto global podría ascender a miles de millones de pesos.
García Parra explicó que tras una revisión integral de la situación jurídica del estado, se confirmó que la mayoría de estos procedimientos legales se originaron por la omisión administrativa de concluir adecuadamente los contratos, lo que abrió la puerta a reclamaciones posteriores por parte de empresas contratistas.
Precisó que dentro de este universo de más de 100 casos, al menos diez juicios concentran el mayor riesgo financiero para el estado, con un monto aproximado de 3 mil 500 millones de pesos. Añadió que tres de estos litigios representan alrededor de mil 100 millones de pesos, por lo que actualmente se analizan alternativas de conciliación, principalmente en el rubro de intereses, a fin de reducir el impacto en las finanzas públicas.
El coordinador del Gabinete Estatal señaló que, además de la defensa jurídica, se logró identificar un patrón recurrente de irregularidades, en el que participaron empresas y exservidores públicos al validar conceptos inexistentes, trabajos fuera de catálogo y obras que nunca se ejecutaron, pero que fueron incorporadas en las demandas para inflar los montos reclamados.
Si bien reconoció que algunas conductas podrían haber prescrito por el tiempo transcurrido, aseguró que se están integrando carpetas de investigación para proceder penalmente contra socios de empresas presuntamente vinculadas entre sí, por posibles delitos de delincuencia organizada y prácticas sistemáticas de fraude contra el Estado.
Finalmente, García Parra reiteró que la atención de estas más de 100 denuncias es una prioridad para la actual administración y afirmó que el gobierno estatal mantendrá la defensa del patrimonio público, con el objetivo de sancionar a los responsables y lograr la reparación del daño en beneficio de las poblanas y los poblanos.
