Gabriela García Guzmán
El coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, aclaró que la revisión administrativa que se desarrolla en la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene carácter persecutorio ni representa un riesgo para los derechos laborales del personal docente.
El funcionario subrayó que el proceso no anula plazas otorgadas conforme a la ley, ni implica juicios anticipados o señalamientos en contra del magisterio, por lo que la estabilidad laboral de maestras y maestros se mantiene a salvo.
Explicó que el objetivo central de la auditoría es establecer un modelo de justicia laboral que priorice a los docentes de carrera en los procesos de asignación de plazas, mediante mecanismos más transparentes, equitativos y alineados a la normatividad vigente.
García Parra informó que, en una primera etapa de la revisión, se han detectado diversas áreas de oportunidad en los procedimientos administrativos, como marcos normativos obsoletos, expedientes incompletos, discrepancias entre convocatorias, adscripciones y pagos, así como deficiencias en el seguimiento y control de los trámites.
Asimismo, señaló que se identificaron prácticas discrecionales, vínculos familiares y acuerdos internos que incidieron en la entrega de plazas, lo que confirma la necesidad de ordenar y transparentar estos procesos.
Indicó que, una vez integrada la documentación correspondiente y conforme a lo establecido en la ley, se dará vista a las instancias competentes, entre ellas la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a la Auditoría Superior de la Federación en los casos donde se involucren recursos federales.
Para concluir, el coordinador de Gabinete reiteró que la revisión se conducirá con pleno respeto al marco legal y a los derechos laborales, con el propósito de fortalecer la confianza en el sistema educativo y avanzar hacia un esquema de mayor transparencia, equidad y profesionalización en la educación pública de Puebla.
