Si la Contraloría General es el Órgano de Control Interno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo titular es designado por el Consejo Universitario como su máxima autoridad y cuya función es independiente de la administración central, atendiendo el cumplimiento de la legislación, transparencia y normatividad universitaria, ¿es necesaria la instalación de un Órgano de Control Interno por parte del Congreso del Estado, aduciendo estrecha vigilancia en la correcta aplicación de recursos públicos?
¿De qué sirven entonces el Contralor General de la BUAP, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación?
Los Diputados tienen la obligación de analizar con profundidad la intención de crear el Órgano de Control Interno en la BUAP, pues no solamente levanta la sospecha de intromisión en su autonomía, sino que podrían exhibir ineficiencia en la creencia que faltan reglas o leyes que aseguren la clara y detallada rendición de cuentas.
Repito: ¿De qué están el propio Órgano de Control interno de la universidad, la ASE y la ASF?
No tendrían razón de ser y se estaría negando la capacidad de la BUAP de administrar su patrimonio, el estudio, la investigación, la educación del saber y la cultura.
Por otro parte, el Poder Legislativo caería en una SOBRERREGULACIÓN que, sin duda, afecta el desempeño de la administración pública, propiciando ineficiencia e ineficacia y provocando posibles conductas indebidas de los servidores públicos.
El exceso de normas o reglas no agrega valor alguno a la actividad o conducta que pretenden ordenar. Esto se ha comprobado.
Por cierto, la máxima casa de estudios acaba de solventar la auditoría del ejercicio 2018 ante la ASF con apenas ligeras observaciones que cubrió satisfactoriamente.
Tampoco es sano proponer que se modifique el Artículo Tercero de la Constitución que ampara la autonomía, misma que no representa un fuero para no cumplir con la obligación de la transparencia y la rendición de cuentas. Al respecto, recientemente se subió una iniciativa en la Cámara de Diputados federal para modificar al respecto la Carta Magna, con dedicatoria a la UNAM, que finalmente se retiró ante las protestas del Rector Enrique Graue.
Si en el pasado reciente se cometieron abusos por parte de algunas universidades, creando la “Estafa Maestra”, que se castigue a los culpables, pero que no sea el pretexto para crear confrontaciones estériles que alimenten el desasosiego y que pongan en riesgo la pretensión de crear paz, tranquilidad, democracia y combate frontal a la corrupción.
Que yo sepa, nunca se ha negado la BUAP a ser auditada, solamente ha pedido a través de su Rector Alfonso Esparza Ortiz y el Consejo Universitario, respeto a su autonomía y al protocolo legal inmerso en la justicia. Esa autonomía y respeto que costó persecuciones, lágrimas y sangre que recoge la historia.
Hoy, la BUAP, aparte de abrir sus cuentas ante los órganos auditores de la federación y Estado, está colocada entre las mejores universidades del mundo. Esto no es gratuito.
Algunos analistas sugieren que existe un embate para adueñarse de la BUAP.
¿Será cierto?
A río revuelto, ganancia de pescadores.
No quiero imaginar el renacer de los tiempos oscuros que dañaron a la BUAP y al Estado, que podrían remontarse, para no ir más lejos, a 1952, cuando la quisieron militarizar y luego adueñarse de ella por parte de los FUAS y mercenarios, la intervención del clero y de tres Gobernadores, los Generales Antonio Nava Castillo, Rafael Moreno Valle y el Doctor Gonzalo Bautista O’Farril, personajes represores y autoritarios.
Las consecuencias fueron desgarradoras.