Desde Colombia vendrán por los cadáveres de José Antonio Parada y Ximena Quijano Hernández, estudiantes de la UPAEP que ya estaban adscritos al Hospital General de Cholula.
La noticia dramática también llegó hasta Veracruz con los padres del joven Francisco Javier Tirado. Vendrán a hacer lo propio con el cuerpo masacrado que recibió el tiro de gracia.
El alumno de la BUAP estaba realizando sus prácticas.
Los tres venían en intercambio académico después de su éxito como alumnos de Medicina.
No menos espeluznante es la situación de la familia de José Manuel Vital, operador de UBER que fue contratado para guiar a los jóvenes.
Santa Ana Xalmimilulco, fue su amargo destino, luego de presenciar el carnaval de Huejotzingo el domingo pasado, celebración que al paso de los años ha enlutado hogares, no sólo por accidentes al calor del alcohol y el manejo inexperto del mosquetón, sino porque hay evidencias de que las venganzas personales se consuman en un ambiente de confusión y festividad embozada.
Esto, suscitó la reacción de la comunidad universitaria de ambas instituciones que marchó ayer en un contingente de miles, exclusivamente del área de la salud. Las diferencias ideológicas quedaron atrás ante la desgracia.
Ninguno de las docenas de estudiantes de la BUAP y la UPAEP que marcharon clamando justicia por el asesinato de tres estudiantes y un operador de UBER, fueron obligados o amenazados a participar. Ni un académico se prestó a convocarlos; ellos solos se organizaron para tomar las calles de manera pacífica hasta llegar a Casa Aguayo a exigir justicia y pedir ver al Gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Intentar distorsionar la manifestación o hacerla aparecer como consigna desde las entrañas universitarias para golpear al Poder Ejecutivo, sería desafortunado, porque existen elementos suficientes que indican que urgen estrategias para combatir la violencia que es ya una pesadilla ciudadana que rebasa la fría estadística del feminicidio.
Por supuesto que tiene que ver la herencia del gobierno morenovallista que actuó en complicidad con la delincuencia, pero también la Fiscalía General del Estado tiene el deber de reconocer que ha sido lenta en su reacción e ineficiente su capacidad para enfrentar el crimen.
Estoy de acuerdo con la premisa de que la legalidad no se negocia, pero igualmente con la certeza de que la ley no se manipula.
En estos momentos, la Fiscalía dice que existen tres detenidos por el homicidio de los jóvenes estudiantes y el trabajador de UBER. Cabe preguntar: ¿Cómo es que localizaron tan rápido a los supuestos culpables o es que urge la creación de chivos expiatorios?
Es fundamental que los Consejeros, Asesores y funcionarios cercanos al Gobernador Miguel Barbosa, le informen certezas, no mentiras, no únicamente en materia de impartición de seguridad pública, sino en todos los ámbitos de la política. Es menester que el Ejecutivo no reciba comentarios falsos que lo pueden orillar a equivocarse en la toma de decisiones o abrir confrontaciones innecesarias que abonen a la anarquía.
Hay quienes están intrigados por el hecho de que apologistas del morenovallismo que, además, ofendieron con saña a Puebla, a Miguel Barbosa, a su esposa y a sus allegados, estén siendo apapachados y encuentren las puertas abiertas como si nada hubiera sucedido. Son las cosas extrañas de la política y los políticos que, por su incongruencia, son inaceptables.
Son los mismos paleros de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad que participaron activamente en el fraude electoral que sufrió Barbosa.
¿Lo sabe el Gobernador?
¿Se lo han dicho?
¿O hay intereses malsanos que amarran acuerdos inmorales, pensando en la futura lucha por el poder, que les conviene ocultar verdades a Barbosa?
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