La petición del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, hecha el miércoles al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, es reveladora: “Le pido que ayude a defender la autonomía en las universidades públicas, porque garantiza que la educación y la creación del conocimiento en las universidades sean independientes de dogmas, ideologías o intereses económicos y, al mismo tiempo, aporta un carácter autocrítico en el ejercicio de sus funciones y competencias”.
No fue en privado la petición, sino durante una reunión de trabajo en la Ciudad de México a la que asistieron, además, los Rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo; así como la Presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña.
Moctezuma Barragán, reiteró su respeto a las instituciones. Su mensaje fue sobrio, contundente y de colaboración mutua.
El líder cameral Delgado Carrillo, sentenció que no habrá ni una Ley de Educación Superior sin consenso de las universidades, como tampoco lo habrá con la Ley de Ciencia y Tecnología, Pidió a los Rectores ser partícipes de las decisiones y los cambios en la transformación del país; buscar más recursos que fortalezcan la calidad educativa y se comprometió a que habrá respeto a la autonomía.
Esto indica, por supuesto, que todos están involucrados en el respeto, no sólo de la autonomía, sino de la legalidad. Si las universidades están obligadas a cumplir con su encomienda a favor de la educación y rendir cuentas del presupuesto público como lo marca la ley, el Estado debe ser garante de no violentar los procedimientos ni de fragmentar la soberanía institucional, más de allá de filias o fobias.
La autonomía no es sinónimo de impunidad, como tampoco el gobernar es sinónimo de absolutismo omnipotente.
Dialogar, buscar consensos y acuerdos, es esencia de la política.
En el caso de Puebla, es lamentable el discurso Francisco Romero Serrano desde que llegó a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, lanzando advertencias, amenazas y mostrándose como un hombre autoritario, provocador e insensible, comprando la confrontación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su Rector.
Si hay alguna denuncia formal y documentada contra Alfonso Esparza Ortiz, que se haga saber; como también Romero Serrano está obligado a documentar que es dueño de reconocido profesionalismo, calidad moral y que se conduce con la verdad.
Lo que ha hecho Romero Serrano es sembrar dudas y revivir los tiempos de zozobra que marcaron a la universidad y el gobierno, lo que ya debería estar enterrado para no despertar.
El Auditor pareciera que va en contra de la política de la legalidad y el diálogo que ha ofrecido el gobierno de Miguel Barbosa, así como su Secretario de Gobernación David Méndez Márquez.
La ASE es también un órgano autónomo que merece una directriz eficaz que resuelva, no que empantane el progreso con ineptitud, odios o revanchas.
Si Romero Serrano quería encender la mecha, lo está consiguiendo de manera irresponsable. Su comportamiento distaba de la bravuconería cuando servía al PRI y al PAN utilizando al Consejo de Organismos Empresariales (COE).
Por lo mientras, la BUAP, a través del subcontralor José Ubaldo Ramírez, ingresó la solicitud al Congreso del Estado para que investigue el comportamiento de Francisco Romero Serrano, acusándolo de que ha faltado a la verdad.
Así también, quedó claro que la Autoría Superior de la Federación se hará cargo de revisar la cuenta pública 2019 de la BUAP.
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POR CIERTO, cómo es que Francisco Romero Serrano tiene colaborando en la ASE a sus amigos enemigos de Miguel Barbosa. Igualmente, sus jefes de prensa atacaron con furia al candidato y hoy Gobernador.
¿Es que nadie se da cuenta que Romero Serrano obedece a intereses ajenos a Barbosa?
¿No han enterado al mandatario?
Ver para creer.