El próximo domingo el Gobernador Miguel Barbosa visitará Cohuecan y Tepexco, centros neurálgicos de la venganza mortal en contra de presuntos secuestradores, que han puesto en entredicho la capacidad y efectividad del Vicealmirante Ideolfonso Amézaga Ramírez, Secretario de Seguridad Pública. Al menos así lo vislumbran los que reclaman resultados inmediatos, sin tomar en consideración que han sido años de abandono y castigo a los municipios coptados por el morenovallismo para ser manipulados en materia política y económica.
Lo mismo sucedió con las Juntas Auxiliares que estaban a punto de desaparecer. Al menos esa era la intención del extinto Rafael, su cómplice Antonio Gali y su relevo Martha Erika Alonso.
Hoy, después de la desgracia, se lanzan acusaciones contra las policías estatal, municipal, ministeriales y la Guardia Nacional.
Pero, cabe la pregunta: ¿Fue mejor la sensatez de no sacar las armas y ejecutar a quien se pusiera enfrente o lo recomendable era aventar bala cayera quien cayera?
El caso recuerda los sucesos del 3 de mayo de 2017, cuando el soldado José Isidro Gómez fue acusado de haber ejecutado a un huachicolero que había matado a su compañero por la espalda a 12 metros de donde él se encontraba.
Esto sucedió en Palmarito Tochapan en un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el crimen organizado.
Las críticas, como ahora en Cohuecan y Tepexco, se centran en lo que pudo o no hacer la policía; los supuestos secuestradores son las víctimas y el sacrificado es el Vicealmirante Amézaga Ramírez y sus elementos.
El panorama es complicado porque las anteriores administraciones dejaron un desastre en materia de seguridad pública. Fueron años en que se multiplicó en 3 mil por ciento el huachicoleo, el secuestro, los feminicidios y el robo a ojos vistos. ¿Cómo entregar resultados positivos cuando apenas se están tomando las riendas y en los municipios la gente ya se acostumbró a defender sus propiedades y a sus familias ante la corrupción imperante y la falta de efectividad del Estado?
Miguel Barbosa, sabe que tiene que meter el acelerador en materia de seguridad y rendir al máximo a favor de los pobres que son los más castigados. Pero esto no es por arte de magia, sino en base a la coordinación de los cuerpos de seguridad con los municipios; recursos humanos y económicos; educación para hacer saber que un delito no se castiga con otro delito como es la llamada “justicia por propia mano” y la honestidad a la hora de actuar con autoridad y firmeza, sin autoritarismo.
Lamentable, sin duda, son los acontecimientos que son una repetición de años pasados. No es la intención justificar la actuación pasiva de la policía; sin embargo, lo contrario hubiera significado, quizá, una hecatombe de graves consecuencias.
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