Uno de los pilares fundamentales, donde descansa el Estado de derecho en nuestro país, sin duda alguna lo son las áreas de Procuración a cargo de las denominadas actualmente fiscalías a nivel federal y  en algunos estados del país y en otros las Procuradurías de Justicia que tienen a su cargo la investigación de los delitos y la persecución de los probables responsables y por otra parte la función de administrar justicia a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de los Estados, cuya función y atribuciones están reguladas por la Constitución Política de nuestro país, las Constituciones locales en cada Estado y por las leyes secundarias en la materia.

Señalo lo anterior, en virtud de que para nadie es un secreto que actualmente México vive una de sus épocas más obscuras en dichas áreas, debido a la corrupción, ineficiencia y colusión de muchas autoridades de los diferentes niveles con la delincuencia organizada y los carteles del narcotráfico y de otros grupos delictivos que han ido creciendo por toda esta situación, como los que se dedican a la trata de personas, a huachicoleros, secuestradores, entre otros grupos que se han convertido en un cáncer para los ciudadanos.

En el caso de Puebla, la problemática anterior, ha tocado fondo y con la llegada del nuevo gobierno se abrió la esperanza de muchos ciudadanos, de que vendrían cambios trascendentales para modificar el statu quo, como en el caso de nombramientos de funcionarios para combatir la corrupción que proliferó en el Estado en los últimos ocho años y de titulares de los denominados organismos autónomos como en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, cuyo titular a la fecha, no ha terminado de sentarse en la silla y se ha vuelto omiso para atender las quejas que diariamente llegan a sus oficinas, sin dar visos de que ahora sí el organismo cumplirá con su cometido y funciones en la defensa y protección de los Derechos Humanos de los poblanos, que adoleció en la nefasta gestión de Adolfo López Badillo empleado del Morenovallismo. El Estado continúa enfermo en esta materia y esperemos que el nuevo ombudsman asuma la gran responsabilidad que el Congreso puso en sus manos.

En los próximos días, el Gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, deberá remitir a la legislatura local, la terna de los candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, por los próximos siete años, para ocupar el sitio  que dejó vacante el anterior titular Víctor Carrancá Bourguet quién renunció a la fiscalía.

Existe una gran expectativa, en la sociedad poblana y entre los abogados litigantes, así como en las organizaciones de la sociedad civil poblana , Colegios y barras de Abogados, por saber quienes llegarán a la lista final y sobre todo, si mediante el voto mayoritario de los Diputados de Morena y sus aliados , repetirá el actual encargado de despacho de la fiscalía o si llegará un nuevo titular que realmente lleve a cabo un golpe de timón y termine con los vicios y falta de confiabilidad en la dependencia que prevalece entre los ciudadanos, que ya están cansados de que en esta materia las cosas cada día vayan de mal en peor y no se vislumbre ni a mediano ni corto plazo una solución a la demanda de justicia de quienes día a día son víctimas de la delincuencia en el Estado, que además sufren una segunda victimización cuando solicitan el apoyo de los funcionarios de la Fiscalía.

No es una decisión sencilla para los Diputados, de quienes no esperamos asuman su responsabilidad y compromiso de cara a la sociedad y de quienes les dieron su voto, para tomar la mejor decisión, ya que sabemos que la línea viene de los líderes parlamentarios de las diferentes fracciones políticas y no hay un voto razonado o la preocupación de resolver un problema que nos afecta a todos, sin distinción de ningún tipo. Ellos con su mayoría decidirán si quieren que el Estado mejore o si por obedecer a sus líderes, nos están condenando a seguir con lo mismo, es decir, es como cuando a una persona la atiende de su enfermedad un médico que nunca la ha curado y cuando tiene la oportunidad de ser atendida por otro, decide seguir con el anterior en forma absurda e ilógica, pero así se las gastan nuestros “flamantes” diputados.

Por lo que hace a la Administración de Justicia, las cosas no son muy diferentes, ya que la dirección del Poder Judicial del Estado continúa en las manos de quienes llegaron con los gobiernos anteriores y continúan con los mismos vicios e ineficiencia en perjuicio de los ciudadanos que esperarían contar con una justica pronta y expedita, que ha desaparecido al autorizarse el cobro de las copias certificadas de los expedientes judiciales, incluso para personas de escasos recursos o de grupos como los adultos mayores que en el mejor de los casos sobreviven con una pensión miserable y que no están exentos de dicho pago, así como de las madres de menores que demandan alimentos y que carecen de recursos para sostenerse ellas y sus hijos, factores que no fueron considerados por el Congreso del Estado al aprobar este cobro en favor de las arcas del Estado. En conclusión: por lo que se vislumbra Puebla continuará enfermo en estas áreas como a la fecha, si los Diputados no deciden impulsar cambios que la sociedad está demandando en forma urgente para regresar la seguridad y la paz social a las familias poblanas.

                                                                  *Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.