La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado su camino con decisiones firmes y de gran simbolismo para la vida pública del país. Entre las primeras medidas destaca la reducción de cerca del cincuenta por ciento en el sueldo de las y los nuevos ministros, pasando de 250 mil a 137 mil pesos mensuales.
Asimismo, se decretó la desaparición de los seguros de gastos médicos mayores, poniendo fin al multimillonario sangrado al erario que representaba este privilegio. Era un beneficio sin justificación lógica ni jurídica, heredado de la otrora casta dorada del Poder Judicial.
La ceremonia de traspaso del bastón de mando en el Zócalo de la Ciudad de México tuvo un profundo significado. Religiosos de diversas etnias originarias comprometieron simbólicamente a las y los nuevos ministros a impartir justicia en favor de quienes menos tienen y menos saben. Con cantos a Tonantzin y ofrendas a Quetzalcóatl se retomó la esencia de nuestros antiguos pueblos mesoamericanos.
Por otro lado, el Tribunal de Disciplina Judicial ya comenzó a dar pasos importantes al ordenar la investigación del patrimonio personal de todos los integrantes de la Judicatura Federal, tanto en activo como en retiro. El objetivo es determinar si sus bienes corresponden a sus ingresos oficiales o si hubo enriquecimiento ilícito.
Ejercicios como este, si se aplicaran en estados como Puebla, implicarían investigaciones sobre más de la mitad de jueces y magistrados, ante casos escandalosos como el de una magistrada en retiro con un patrimonio de diez inmuebles en la región de Cholula —incluida una mansión pagada en dólares y en efectivo en el exclusivo fraccionamiento La Vista Country Club—, o el de magistrados retirados con más propiedades en Zacatlán que cualquier empresario honesto de la región.
Tampoco se salvan consejeros, magistrados y jueces en activo, algunos de ellos con un historial de ceses por malas prácticas en juzgados de primera instancia, que fueron rescatados como secretarios de sala gracias a padrinazgos políticos, para luego ser nuevamente propuestos como jueces. Hoy, incluso, algunos de esos personajes ocupan asientos en la Judicatura a pesar de su cuestionable pasado. Otros acumulan casas, edificios, universidades y hasta bodegas en centrales de abasto, ejemplos claros de la corrupción que ha lacerado a la justicia mexicana.
Sin embargo, lo verdaderamente trascendental es la incorporación en la estructura de la nueva Suprema Corte de personas de origen indígena y afrodescendiente, comunidades históricamente marginadas de la vida pública nacional.
Por supuesto, los detractores neoliberales, a través de columnistas y comentócratas pagados, han intentado denostar estas transformaciones. Pero lo cierto es que con la toma de protesta de esta nueva Corte se marca un hito en la historia de México.
Estamos convencidos de que las y los juzgadores que llegaron a su cargo mediante el voto popular dejarán atrás las prácticas de los viejos tribunales conservadores, donde la justicia se reservaba para quien pudiera pagarla. Hoy se abre un halo de esperanza para todas las personas que han sido víctimas del abuso del poder público.
¿Qué vendrá después?
Una etapa de consolidación de este nuevo modelo de instituciones de impartición de justicia, que deberán servir a todas y todos los mexicanos sin importar su origen étnico, situación económica o condición social.
Solo así podrá hacerse realidad la máxima del prócer José María Morelos y Pavón:
“Que quien se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo protega contra el arbitrario”.
