El pleito por los dineros de la Fundación Mary Street Jenkins empieza a caer en las versiones más inverosímiles que podría generar caos.
La familia Jenkins Astead y de Landa, con excepción de Guillermo Jenkins de Landa, tienen orden de aprehensión; mientras que Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector depuesto por el nuevo Patronato, habla de todo, menos del destino de 720 millones de dólares que, hay indicios, están resguardados en los paraísos fiscales de Barbados y Panamá, después de darles vuelta por Puebla, Ciudad de México, Aguascalientes y Jalisco.
Los Abogados de los Jenkins, capitaneados por Alejandro González Muñoz, sobreviven como los topos, mientras pasa la tormenta que amenaza con ahogarlos.
Sobran argumentos dispares y ridículos, pretendiendo reducir el problema a la toma de la UDLAP y la molestia de estudiantes y académicos.
Los involucrados se niegan a citar la palabra fraude o robo.
Hay acusaciones ridículas contra el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, quien ha señalado que la justicia llegará. Es por eso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto Castillo, ya está de lleno en la investigación, no sólo por petición del mandatario poblano, sino también por indicaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El que deba, que pague.
No se trata de vendettas ni crear culpables, sino de legalidad.
Bueno, si en verdad hay voluntad.