DIEGO SANTACRUZ

Si el discurso principal del nuevo régimen es desterrar paulatinamente la corrupción e impunidad, es obligado desahogar denuncias y abrir expedientes negros de delincuentes que se están postulando a un cargo de elección popular.
La aplicación cuidadosa de las leyes que permitan impartir justicia no acepta pausas ni excusas.
Es inaudito que entre los aspirantes a cargos de elección popular existan acusados de pederastia, violación y violencia de género; ex funcionarios con cuentas públicas pendientes; denuncias por enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y daño al patrimonio público.
Las denuncias no deben quedar en un capítulo más de las campañas electorales, resultando, finalmente, que todos son puros y santos. En esto le va la credibilidad al nuevo Gobierno de la República y a los Gobiernos de los Estados. Da la impresión que se prestan al fomento de la desesperanza ciudadana, incentivando la burla de sus adversarios que tachan las denuncias como simples llamaradas de petate.
Se venden candidaturas al mayoreo y nada pasa.
Las Auditorías Superior de la Federación y de los Estados, corren el riesgo de quedar en ridículo, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera, las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
No se trata de inventar culpables, sino de castigar realmente a los que han delinquido exhibiendo una impunidad asquerosa.
Llueven las denuncias y los amparos sin resultados palpables; confunden; hay tardanza; parece un juego perverso donde la víctima es el pueblo pobre e ignorante.
Si en Estados Unidos los tribunales “se equivocaron” en el proceso político contra Donald Trump, permitiendo su exoneración, qué se espera en México, interroga la experiencia. Todo se puede dar en un mundo atribulado.
Por eso la delincuencia hace gala sin recato de su inquina gobiernista.
¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
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