Cuando mencionó los apellidos Higuera Bernal, en este caso no me refiero a Gilberto el Fiscal General de Puebla, sino a su hermano Alfredo, Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, quien está a cargo de la caza de investigadores y personal administrativo que supuestamente desviaron alrededor de 280 millones de pesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en un lapso de 7 años, de 2011 a 2018.
El escándalo no es de apenas, solamente se reactivó una denuncia ante el Ministerio Público Federal hecha por el CONACYT, siendo dos veces que un Juez rechaza obsequiar una orden de aprehensión contra 31 personas a petición de la Fiscalía General de la República para que puedan seguir su proceso en la cárcel, pues se presume que podrían huir del país o intentar borrar evidencias.
Ninguno de los Periodistas que han escrito al respecto, saben con certeza que está ocurriendo, advirtiéndose su defensa por los científicos y personal administrativo del CONACYT que habrían utilizado el Foro Consultivo de la institución, como ente privado, para desviar recursos federales a sus cuentas personales.
“Es un despropósito”, han dicho algunos.
“Es una persecución perversa”, han escrito otros, incluido el Rector de la UNAM, Enrique Graue.
“El que nada debe, nada teme”, ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente en este asunto.
Creo que se debe esperar el resultado de la investigación profunda ahora que Alfredo Higuera Bernal replantee el asunto, aunado a la exigencia de que no se manipulen evidencias ni se fabriquen delitos ni se pinte otra mancha más a la impartición de justicia.
Lo que me parece absurdo es que ya se hable de penas hasta por 40 años de prisión, cuando están libres docenas de funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre ex Gobernadores, ex Alcaldes, es legisladores, ex Magistrados, empresarios y ex Presidentes de la República que han quebrado las finanzas del país, siendo corresponsables en la desaparición de personas y cómplices en la configuración de la nación como narco-Estado.
Los testigos protegidos son delincuentes confesos y no pasa nada.
Los evasores fiscales gozan de la vida sin preocupación alguna.
Si se acusa de corrupción a cualquier miembro de la llamada Cuarta Transformación, entonces se dice que es obra de los conservadores, protegiéndose la impunidad.
No se trata de minimizar el desvío de 280 millones, que es mucho dinero. Si existe el delito es obligación sancionar, pero no sólo en este caso, sino en todos en los que pesan denuncias, carpetas de investigación y huellas imborrables, para no dar la impresión que se están guardando para sacarlos en momentos clave de la política que impacten a la opinión pública.
Yo preguntaría a la Directora del CONACYT, María Elena Álvarez, Buylla Roces, quien por cierto recibió en 2017, de manos del Presidente Enrique Peña Nieto, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, por qué apenas la denuncia.
¿Nunca se percató?
¿O es que actúa deliberadamente desde que fue nombrada en 2018?
Tuvo que saberlo Peña Nieto, ¿o no?
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POSDATA: No se persigue ex profeso a científicos, sino el acto delincuencial cuando existe en verdad.