El Gobernador, los legisladores, el Auditor Superior del Estado, Magistrados y Consejeros de la Judicatura estatal, caminarán sin fuero luego de que sea publicada la aprobación del Congreso de Puebla en el Periódico Oficial.

Podrán ser denunciados por delitos y enjuiciados sin necesidad de que los mismos Diputados lo sometan a votación. Asimismo, serían separados de sus cargos si se les ordena prisión preventiva de acuerdo a la resolución de un Juez o si el delito que cometen es de gravedad.
Evidentemente, la presunción de inocencia no desaparece, pero no montada en la impunidad.
En un Estado que se jacta de ser democrático, son de las acciones que deben ser reconocidas. Bueno, no se les puede pedir esto a los enemigos de la llamada Cuarta Transformación, pues sus ojos únicamente ven lo que alcanza su estrabismo.
Fueron 7 horas, número mágico, los que necesitó la mayoría de la Cámara poblana para su aprobación que, por supuesto, tuvo votos en contra y abstenciones, insuficientes para impedir este logro que satisface a la gran mayoría de poblanos.
Puebla, se enlista entre otras 15 entidades donde ya se eliminó el fuero: Campeche, Coahuila, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México y Morelos.
El Gobernador Miguel Barbosa, advierte que este paso marca una nueva cultura de actuación para los servidores públicos, lo que permitirá eliminar la impunidad y desenvolverse en condiciones de igualdad ante la ley.
Para la jauría alebrestada, esto “no tendrá mayor mérito” o mejor dicho, hará de tripas corazón.
El fuero es un privilegio tan añejo como el medioevo, pero se implementó en México en la Constitución de Cádiz en 1812, con el fin de proteger a los políticos de persecución de opositores al terminar sus cargos. Durante el ejercicio del encargo público, evitaba para los funcionarios tener que lidiar con procesos penales de enemigos que no querían dejarles trabajar.
Hubo un caso muy sonado por el enfrentamiento entre Agustín de Iturbide y Diputados, obligando al Congreso a declararse en Asamblea Extraordinaria, exigiendo el respeto a su soberanía y la inviolabilidad de sus opiniones, derechos que fueron decretaros el 24 de febrero de 1822. Así, en 1824 nacía la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y en ella quedaron integrados como atribución del Poder Legislativo.
La libertad de expresión también estaba garantizada ante los demás Poderes y ciudadanos.
Sin embargo, al paso del tiempo, llegó el abuso, la prepotencia, el “charolazo”, la corrupción a gran escala, la impunidad como carta de presentación. Se concentró el poder y se dieron, (muchos de ellos), el permiso para cometer delitos y esto no es el origen del fuero.
De factor de equilibrio, el fuero ha servido para desequilibrar.
Con todo el abuso y proteccionismo, en México suman una decena de desafueros, siendo el primer caso el Diputado José López Portillo y Rojas, en 1909, abuelo del que fuera Presidente de la República, José López Portillo (1976-1982).
El más reciente, el 13 de junio de 2016, cuando la Diputada de Sinaloa por el PAN, Lucero Sánchez, ingresó al penal del Altiplano con documentos falsos para visitar al “Chapo” Joaquín Guzmán Loera. La votación fue contundente: 400 votos a favor para echarla.
Imposible olvidar los casos del Diputado Carlos Madrazo Becerra; los priistas Sacramento Joffre y Jorge Díaz Serrano; los perredistas perredista René Bejarano y Julio César Godoy, algunos con legítima justicia, otros, catalogados como venganza política, como el caso del ex líder nacional del PRI por haber apoyado la candidatura presidencial del entonces Regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez y no a Miguel Alemán.
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