El pasado lunes 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. 

De inmediato, hubo un pronunciamiento por parte de la oposición. Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD informaron la intención de interponer los recursos legales correspondientes como parte de la coalición legislativa “Va por México” en contra del documento. 

Bajo este concepto que resguarda la información quedaron inscritas todas las obras a cargo del Gobierno de México asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones,  telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideran prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. 

Lo anterior significa que no habrá posibilidad para que dichas obras estén bajo el escrutinio público pues, de acuerdo con el artículo tercero de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

La decisión de poner a resguardo la información relacionada con las obras públicas que ejecuta el Gobierno se da inmediatamente después de que se evidenciaron malas prácticas en la entrega de contratos al Ejército Mexicano, quien ahora tiene funciones de “empresa privada”, y al que se ha expuesto a la corrupción.  

No es la primera vez que el Gobierno emanado de Morena realiza modificaciones importantes a través de decretos. Lo mismo ocurrió con los Fideicomisos Públicos que apoyaban el arte, la cultura o la ciencia, extinguidos sin que hubiera una oposición fuerte que detuviera la acción.

Esta vez parece que el decreto encontrará oposición. La última acción en contra de esta decisión ha sido la petición de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Plural a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva en el Senado de la República, para que interponga una controversia constitucional. Será cuestión de días para saber si el decreto prospera y si el Poder Judicial se comporta como un poder autónomo.

@MaritzaMena7