El panista alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, está acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano. Se cumplen 10 años de la privatización del agua potable y niega falsamente tener culpa.
Amante de entregar concesiones de servicios municipales a empresas privadas, ¿qué dirá de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado abajo este día el uso de parquímetros y la recaudación millonaria por el mismo concepto?
Las calles del centro histórico eran de él y de los empresarios con los que negoció.
Siempre se ha mostrado ajeno en la participación de la privatización del agua potable. No se percata que le crece la nariz como a Pinocho.
Mire usted: En sesión extraordinaria del cabildo de Puebla, realizada el 12 de septiembre de 2013, se autorizó al SOAPAP la concesión total o parcial de la prestación del servicio, aprobándose también un convenio de colaboración con los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc de Mota, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango y Tlaltenango.
El 26 de diciembre de 2013 el SOAPAP entregó la concesión a Concesiones Integrales (Aguas de Puebla), iniciando operaciones el 16 de mayo de 2014, después de recibir bienes inmuebles, infraestructura, material, herramientas y el manejo administrativo.
De esta forma, el gobernador Moreno Valle Rosas tuvo todo a la mano para enviar la iniciativa a los diputados que aprobaron sin remilgos.
Eduardo Rivera, se plegó a las órdenes del mandatario panista; le tenía miedo. No se atrevía a mirarlo a los ojos.
Lalo, así le dicen sus amigos, es el amo de las privatizaciones a costa del ingreso de la gente y niega su participación cuando es sorprendido. La violación de derechos constitucionales por parte del ayuntamiento poblano es constante, así como los programas de recaudación monetaria que daña el bolsillo de todos, afectando, principalmente, a los que menos tienen y van al día.
Sucedió con la concesión del agua potable en 2013, argumentando que el SOAPAP estaba en quiebra; el cobro del alumbrado público; la instalación de parquímetros; la peatonalización de calles del centro histórico, programa que retomó del morenovallista Luis Banck Serrato, que beneficia a dueños de comercios establecidos, argumentando que es para reducir al máximo la contaminación ambiental y el tráfico vehicular.
Mientras, la seguridad pública es una vergüenza con asaltos diariamente, muertos por aquí y muertos por allá; las calles están llenas de baches y sin luz, a pesar de ser su obra estrella desde que fue edil por primera vez 2011-2014.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió que se revisaran los contratos de agua guardados bajo siete llaves que autorizó el Congreso del Estado durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, signado por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. La empresa Aguas de Puebla fue la beneficiada y desde hace 10 años explota el vital líquido, sella drenajes a quienes no paguen, no hay líquido suficiente en colonias y barrios y la gente tiene que esperar el tandeo, comprar pipas o beber y bañarse con agua de lluvia. Es lamentable.
La zona metropolitana sufre por falta del vital líquido y se acumulan las deudas por falta de pago. Hay amparos, denuncias e inconformidad. Son los contratos perversos de autoridades que se adjudican moches millonarios.
En 2021, Rivera Pérez, cuando peleaba la alcaldía contra la reelección de Claudia Rivera Vivanco, prometió cancelar la concesión de agua. ¡Mintió!
Hoy, nuevamente miente al tocar el tema del agua y promete lo que no puede cumplir cuando se avecinan elecciones, las más grandes en la historia del país. Quiere ser gobernador, senador, diputado federal o por lo menos reelegirse. No le importa perder credibilidad y que la marca PAN se demerite más.
Es el costo de la farsa.
PARQUÍMETROS ILEGALES
En Morelos y la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional el uso del programa de parquímetros, porque atenta contra los derechos ciudadanos y los ayuntamientos entregan concesiones leoninas a empresas privadas que quitan placas, colocan arañas y cobran multas.
El cobro de parquímetros es una violación a los derechos, consideró la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, por eso promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por la violación del ayuntamiento al artículo 57 fracción XI de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023.
Aparte de cobrar por estacionarse en la calle, solamente permite quedarse cinco horas, obligando a usar estacionamientos privados o en su defecto quitan placas o usan las arañas que imposibilitan el movimiento del vehículo. Ni siquiera los dueños de casas pueden usar el lugar que les corresponde. Todo el centro de la ciudad está “marcada” con pintura del ayuntamiento y hay que pagar el aparcamiento.
Las reglas las aprobó el cabildo de Puebla por mayoría, ante el regocijo de Eduardo Rivera Pérez que vio un millonario ingreso a costa de los ciudadanos.
Y todavía ha ordenado el cierre al tránsito de automóviles en calles de la 16 de septiembre que se unirán a las de la 5 de mayo, terminando por partir la ciudad, coadyuvando a los cuellos de botella vehicular.
El fallo de la Corte para anular parquímetros en Puebla, está dado.
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