Amigo lector:
La semana pasada hablamos del Fondo Solidario que la Federación Mexicana de Futbol propuso para los clubes de Liga de Expansión. Una zanahoria económica que podría abrir una puerta a la negociación, mientras algunos propietarios mantienen abierta la confrontación jurídica.
El G5 tiene una cita ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) los próximos 18 y 19 de noviembre. Y paralelamente se desarrolla otra ofensiva: la de los llamados «amparos ciudadanos», promovidos por personas que pretenden combatir decisiones de la FMF mediante la justicia constitucional mexicana.
Durante semanas escuchamos hablar de demandas admitidas, suspensiones, audiencias y recursos, pero faltaba lo más elemental: los expedientes mismos.
¿Dónde estaban radicados, cuántos eran en realidad y qué habían resuelto los jueces federales?
Decidimos investigarlo.
DEL MISTERIO A LOS DOCUMENTOS
El abogado Miguel Darío del Real Campos había explicado desde septiembre que su despacho decidió reservar determinados números de expediente y juzgados para proteger a los promoventes y el desarrollo de los procedimientos.
Una explicación que debemos consignar, pero que dejaba preguntas públicas sin respuesta.
Especialmente después de anunciarse una audiencia constitucional para el pasado 3 de noviembre, cuyo resultado no habíamos podido documentar.
Así que durante esta semana revisamos actuaciones judiciales de distintos estados del país: acuerdos, notificaciones, desechamientos, acumulaciones, remisiones y recursos de queja.
No encontramos un solo juicio.
Reconstruimos 18 grupos procesales relacionados con demandas contra la FMF.
CONSULTE AQUÍ LA INVESTIGACIÓN Y EL LISTADO DE AMPAROS PUBLICADOS POR PEPE HANAN
Y lo interesante, amigo lector, no fue únicamente encontrar los números. Fue descubrir qué había ocurrido con ellos.
EL MARCADOR DE LOS AMPAROS
Hasta el corte documental de nuestra investigación, el balance de los 18 grupos procesales es el siguiente:
Uno admitido y en trámite: el 1591/2026 del Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas, con tres expedientes acumulados claramente identificados y un cuarto cuya vinculación formal requiere conciliación.
Once registran desechamientos totales o parciales, de los cuales cuatro tienen impugnaciones documentadas.
Dos fueron tenidos por no presentados, como clasificación principal.
Dos fueron remitidos a otros juzgados, sin que esa remisión signifique rechazo.
Y dos conservan un resultado inicial no determinado en las actuaciones disponibles; uno de ellos registra una impugnación cuyo objeto todavía debemos precisar.
Son categorías procesales, no resultados deportivos. Además, uno de los expedientes desechados contiene promoventes cuya demanda también fue tenida por no presentada.
Por eso no debemos sumar las impugnaciones como si fueran nuevos juicios.
Tampoco podemos decir que los 18 amparos estén perdidos.
Pero sí podemos afirmar que buena parte de los procedimientos identificados han encontrado obstáculos antes de llegar a una resolución constitucional de fondo.
Ése es el verdadero marcador.
ZACATECAS: DOS JUZGADOS, DISTINTAS DECISIONES
El expediente 1591/2026, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas, es el que presenta el avance procesal más significativo dentro de nuestra documentación.
Se han admitido demandas, solicitado informes, tramitado incidentes de suspensión y señalado una audiencia constitucional para el 15 de enero de 2027.
Pero aquí urge una precisión indispensable: un amparo admitido no equivale a un amparo ganado. En este mismo procedimiento ya se documentaron negativas de suspensión e incluso el recurso de queja 348/2026 fue declarado infundado, sin que ninguna de estas actuaciones resuelva todavía el fondo constitucional.
Lo verdaderamente interesante aparece al observar otro juzgado del mismo estado.
El Juzgado Tercero de Distrito desechó los expedientes 1649/2026 y 1650/2026. Ambos registran impugnaciones.
¿Por qué un juzgado permitió avanzar una demanda mientras otro desechó procedimientos relacionados con una controversia semejante?
La respuesta exige comparar sus escritos, promoventes, actos reclamados y fundamentos.
No basta con señalar que ocurrieron en Zacatecas.
Lo que se ve no se juzga. Pero lo que todavía no se conoce tampoco debe inventarse.
EL AFICIONADO Y EL INTERÉS LEGÍTIMO
Aquí encontramos el corazón jurídico de la investigación.
En Oaxaca, el Juzgado Noveno de Distrito desechó el amparo 1141/2026, promovido por un aficionado vinculado con Alebrijes.
El juzgador consideró insuficiente la condición de aficionado para acreditar una afectación jurídica diferenciada que justificara acudir al juicio de amparo.
Un razonamiento semejante aparece en el 1649/2026 de Zacatecas.
Ambos desechamientos fueron impugnados.
Por tanto, no estamos ante una regla definitiva que haya resuelto todos los procedimientos. Pero sí frente a una barrera constitucional concreta.
No nos confundamos.
Una cosa es defender el mérito deportivo. Otra, demostrar que existe un derecho constitucional propio, afectado de manera jurídicamente relevante por las decisiones reclamadas.
El amor por una camiseta puede llenar un estadio. Puede mover multitudes, construir identidades y sobrevivir generaciones.
Pero no necesariamente acredita interés legítimo ante un juez federal.
El aficionado puede exigir públicamente que regrese el ascenso. Lo que necesita demostrar en tribunales es por qué tiene derecho a combatir constitucionalmente su eliminación.
Y esa diferencia puede decidir si el juzgado estudia la controversia o la detiene desde su presentación.
LOS AMPAROS QUE TROPEZARON CON SUS PROPIOS REQUISITOS
No todos los desechamientos obedecieron al interés legítimo.
En Cancún, los expedientes 1110/2026 y 1112/2026, relacionados con el grupo de animación La Malagua, encontraron un obstáculo en la firma electrónica de los promoventes. El desechamiento quedó firme.
En Morelia, el 1324/2026 involucraba distintas categorías de personas que alegaban afectaciones relacionadas con el fútbol.
Allí aparece documentalmente Miguel Darío del Real como abogado autorizado.
El juzgado exigió aclaraciones sobre identidad, representación, actos reclamados y otros requisitos. La demanda terminó teniéndose por no presentada.
Y en el 1131/2026 de Cancún, seis promoventes enfrentaron desechamiento, mientras otros tres no cumplieron la ratificación de firmas requerida. El procedimiento fue archivado.
Estos casos no prueban falsificación ni conducta ilícita. Prueban algo procesalmente importante:
Una demanda puede plantear una controversia constitucional ambiciosa y quedar detenida antes de que el juez examine sus argumentos de fondo.
En los tribunales, la forma también importa.
LA APUESTA CONSTITUCIONAL
El expediente de Zacatecas revela una estrategia más amplia que reclamar simplemente el regreso del ascenso.
Los promoventes cuestionan un conjunto de decisiones y disposiciones de la FMF y Liga MX, al que denominan sistema normativo complejo.
También señalan presuntas omisiones de supervisión de organismos públicos.
La apuesta jurídica consiste en llevar las decisiones de la organización del fútbol profesional al terreno del control constitucional.
Y allí aparece una segunda pregunta fundamental:
¿Pueden los actos reclamados de una asociación deportiva privada considerarse actos de autoridad para efectos del amparo?
La respuesta depende de los actos concretos y de los requisitos legales aplicables.
No basta con que la FMF tenga enorme influencia económica y deportiva. Tampoco basta con que sus decisiones provoquen inconformidad social.
Los promoventes deben demostrar por qué esos actos pueden ser examinados mediante esta vía constitucional y qué efectos jurídicos podría producir la protección solicitada.
Ése es el tamaño de la batalla.
EL FONDO SOLIDARIO Y LA OTRA BATALLA
Regresemos al punto de partida.
El Fondo Solidario anunciado por la FMF representa una posible vía económica e institucional para los clubes de Expansión.
Todavía necesitamos conocer sus reglas definitivas, beneficiarios, condiciones y mecanismos de distribución.
Por otra parte, el G5 mantiene su apelación ante el TAS y los amparos ciudadanos siguen su propio camino ante los juzgados mexicanos.
Son tres escenarios diferentes.
La suerte procesal de una demanda ciudadana no determina automáticamente el resultado del arbitraje internacional.
Pero los propietarios del G5 tienen ante sí una realidad que no pueden ignorar: la negociación económica y la confrontación jurídica avanzan bajo reglas, plazos y riesgos distintos.
¿Hasta dónde conviene sostener cada frente?
Ésa es una decisión estratégica que no se resuelve con discursos.
EL ÚLTIMO AMPARO QUE QUEDE EN FIRME
Amigo lector:
No hemos encontrado una sentencia que ordene restablecer el ascenso y descenso mediante los amparos ciudadanos examinados. Tampoco podemos afirmar que todos estén definitivamente concluidos.
Existen recursos pendientes, remisiones cuyo desenlace desconocemos y un procedimiento en Zacatecas que continúa avanzando.
Además, no está acreditado que todas las demandas identificadas hayan sido dirigidas por un solo abogado o coordinadas directamente por los cinco clubes del G5.
Pero hay algo que los documentos sí permiten observar.
La primera batalla no está siendo por determinar quién merece ascender a Primera División. Está siendo por demostrar quién puede exigirlo ante un juez federal y mediante qué acción constitucional.
Y mucho cuidado con las palabras: que una resolución quede firme no significa necesariamente que conceda el amparo; también puede quedar firme un desechamiento definitivo.
Por eso, más que contar demandas anunciadas públicamente, habrá que examinar qué procedimientos continúan, cuáles concluyen y qué efectos producen sus resoluciones.
Mientras el G5 se prepara para acudir al TAS y la FMF mantiene abierta la discusión sobre su Fondo Solidario, los expedientes judiciales plantean una pregunta incómoda:
¿Terminará la estrategia de los amparos ciudadanos abriendo una puerta constitucional o confirmando que la batalla por el ascenso debe librarse en otro terreno?
MIENTRAS TANTO, NOSOTROS… VEREMOS Y DIREMOS.
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