El Congreso de la Unión está avanzando en la aprobación de la Ley de Propinas 2025, una reforma crucial a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que promete cambiar las condiciones laborales de millones de mexicanos. Esta iniciativa busca proteger los derechos de trabajadores cuyo ingreso principal depende de las propinas, como meseros, baristas, y personal de hoteles. La propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en análisis en el Senado para su aprobación final.
Uno de los cambios más significativos que introduce esta reforma es la obligación para los empleadores de pagar un salario base que no podrá ser inferior al salario mínimo nacional vigente. En 2025, este salario mínimo es de $278.80 pesos diarios, asegurando que los trabajadores reciban un sueldo base garantizado independientemente de las propinas. Anteriormente las propinas se utilizaban como justificación para pagar sueldos menores al mínimo legal.
La reforma también establece una definición clara sobre la naturaleza de las propinas, considerándolas como una gratificación solidaria y un estímulo por la calidad del servicio. Se enfatiza que las propinas quedan prohibidas como parte del salario o su principal fuente de ingreso. La ley reconoce explícitamente su carácter adicional, eliminando la confusión sobre si debían considerarse parte del sueldo base, lo que históricamente generaba controversias laborales.
Otro aspecto crucial abordado por la Ley de Propinas es la gestión y distribución de estas gratificaciones. La ley prohíbe que los patrones administren o se apropien de las propinas, asegurando que se distribuyan exclusivamente entre los trabajadores que las generan. Esto garantiza que el dinero recibido llegue directamente a quienes lo han ganado con su servicio.
Con un salario base garantizado, los trabajadores podrán acceder a prestaciones laborales fundamentales como la seguridad social, aguinaldo, vacaciones pagadas, y créditos de Infonavit. Esto representa un avance significativo en la protección de los derechos de un sector laboral considerado vulnerable, asegurando una mayor estabilidad económica y acceso a derechos laborales esenciales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será responsable de supervisar el cumplimiento de esta reforma, realizando inspecciones y sancionando a los empleadores que incumplan. Una vez aprobada por el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación, los empleadores tendrán 180 días para ajustar sus contratos y políticas internas para cumplir con la nueva normativa.
Diego Pérez Morales/Mi bolsillo