Hace 178 años, el egregio jurista mexicano Ponciano Arriaga —siendo presidente del Congreso de San Luis Potosí— creó la primera institución dedicada a la defensa de los más necesitados: la “procuraduría de los pobres”, antecedente remoto de la actual Defensoría Pública.
Como diputado constituyente, Arriaga estableció como derecho fundamental que toda persona acusada de un delito y sin recursos para pagar un abogado particular tendría acceso a uno de oficio pagado por el Estado, garantizando así la tutela judicial efectiva.
Esa es la raíz del actual Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, adscrito al Poder Judicial.
Su encomienda está prevista en el artículo 17 constitucional (penúltimo párrafo) y en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, y se rige por los principios de legalidad, independencia técnica, gratuidad, igualdad y equilibrio procesal, para superar desigualdades y consolidar el estado de derecho.
En términos sencillos, es una noble institución integrada por abogados especialistas que representan legalmente a quienes no pueden costear honorarios elevados.
Su misión es esencial, especialmente en un país donde el 44 % de la población vive en condiciones de pobreza y carece de medios para satisfacer sus necesidades básicas.
Desafortunadamente, la Defensoría Pública pasó de ser una dirección dependiente de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, a formar parte del gabinete legal durante el morenovallismo como “Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública”, en una estructura criticada por su formato burocrático  .
A lo largo del tiempo, han trabajado en ella grandes jurisconsultos poblanos, como Guillermo Pacheco Pulido, Carlos Manuel Meza Viveros y Martín Fuentes Morales.
Trágicamente, hoy los defensores públicos ganan apenas 20 000 pesos mensuales, frente a los más de 30 000 de los Agentes del Ministerio Público, a pesar de que constitucionalmente ambos deberían recibir el mismo salario, ya que uno acusa y el otro defiende, manteniendo el equilibrio procesal.
Excelentes abogados —incluso doctores en derecho— trabajan día a día para defender con éxito a sus representados. Sin embargo, pese a las múltiples solicitudes al Consejo de la Judicatura Local, estos reclamos han sido ignorados. Por ello, los defensores públicos han recurrido a los Tribunales Federales para buscar amparo, un hecho inédito en casi 200 años de historia de la defensa de oficio, y se espera que pronto obtengan justicia.
Mientras tanto, miles de personas sin recursos depositan sus esperanzas en estos verdaderos defensores del pueblo.
¿Hasta cuándo seguirán siendo tratados como funcionarios de segunda clase?
Veremos y diremos.
