*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
Convocada y organizada por el Presidente López Obrador, el próximo 27 de noviembre con el pretexto de adelantar la celebración de haber llegado a su cuarto año de gobierno, se llevará a cabo la marcha, en respuesta de la realizada el pasado 13 de noviembre por más de 50 organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de México, a la que de acuerdo a cálculos incluso de fuentes periodísticas extranjeras, habrían participado más de seiscientos mil ciudadanos del ángel de la independencia al monumento a la revolución, para manifestar su rechazo a la reforma electoral presentada por el Presidente y en defensa del INE.
Dicho acontecimiento originó el malestar y enojo del Presidente, incluso en los días previos a la realización de la misma, pero que ante el gran número de participantes se vio obligado a anunciar que si la reforma no tiene los votos suficientes de los diputados para su aprobación, ya cuenta con un plan B, a fin de lograr incidir básicamente en dos puntos: reducir en forma importante el presupuesto del INE para 2023 para debilitarlo y en segundo lugar incidir en el nombramiento de los consejeros electorales que se elegirán próximamente, para tratar de colocar a incondicionales a su gobierno y con ello equilibrar fuerzas en el Consejo general del organismo.
Pero también en esta misma semana anunció, en una de sus conferencias mañaneras. “la gente quiere que marchemos y muchos se quieren sumar, anunciando a pregunta expresa de un periodista que la encabezaría”. Es claro que la realización de la marcha, tiene como objetivo, borrar del imaginario colectivo la percepción de que hay un gran número de ciudadanos que no apoyan sus propuestas y que por ende están en contra de la cuarta transformación, y lo que busca es demostrar con un número superior de asistentes, que existe una gran mayoría de ciudadanos del país que lo apoya y está de acuerdo con las acciones de su gobierno.
A la marcha asistirán Presidentes Municipales, Gobernadores, Secretarios de Estado, dirigentes de MORENA de todos los estados, que están obligados a demostrar lealtad al Presidente , así como ciudadanos beneficiarios de los programas del bienestar, desde estudiantes, campesinos, amas de casa, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, que ya están siendo convocados por los delegados de cada entidad, bajo la amenaza que de no asistir podrían ser eliminados de las listas y dejar de recibir los recursos que tienen asignados. Para efectos de garantizar su asistencia, se han implementado diversos mecanismos mediante el uso de los padrones, tales como el transporte de sus pueblos y comunidades a la ciudad de México y de regreso, un refrigerio y en algunos casos hasta un pago que va de los 300 a los 500 pesos por asistente.
Es de llamar la atención el enorme gasto que representará la movilización de tantas decenas de miles de personas de todas las regiones del país para asistir a la marcha en apoyo al Presidente y que seguramente en la mayoría de los casos serán subsidiados con recursos públicos, a fin de demostrar no sólo ante los mexicanos, sino ante el mundo, que el Gobierno de López Obrador tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, por lo que seguramente el lunes 28 saldrá la jefa de Gobierno a dar cifras exorbitantes de asistentes a la marcha, para dejar en claro que los que participaron en la marcha del 13 de noviembre son una minoría de conservadores, corruptos, rateros y fifís que no representan el sentir del pueblo mexicano.
La polarización de los ciudadanos, a la que el Presidente nos está llevando coloca a la sociedad mexicana en una situación de riesgo, debido a que no sólo nos divide; sino que también nos lleva a confrontar posiciones respecto a asuntos públicos delicados, como lo es en este caso la desaparición o no del INE y el riesgo que la reforma electoral representa para la vida democrática del país.
López Obrador, sólo parece dispuesto a gobernar y atender a los grupos y ciudadanos que están de acuerdo con su forma de conducir el país y con sus políticas públicas y se ha dedicado a atacar y descalificar a aquellos que se atreven a pensar distinto , y peor aún a quienes se han atrevido a criticarlo o, a salir a las calles a manifestarlo como quienes asistieron a la marcha del 13 de noviembre y que no están en los programas del bienestar, no fueron acarreados a las marchas, no recibieron pago alguno por asistir y en su gran mayoría, no forman parte de ningún partido político, simplemente son ciudadanos como usted amable lector, que quieren un país donde quepamos todos y no sólo quienes están en un partido o confían en una ideología. Pero, todo eso no cuenta para el Presidente, ya que el discurso de la radicalización social, y de victimizarse le ha resultado muy productivo, sin comprender que por su investidura le corresponde buscar la unidad de los ciudadanos y la reconciliación de los grupos, ya que con la ola de violencia e inseguridad que vive el país, ya tenemos suficiente con los daños y pérdida de vidas y bienes que sufren los ciudadanos por los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles que controlan varios estados y regiones en el país.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el discurso del Presidente es más parecido al de un provocador divisionista, que al de un Jefe de Estado, preocupado y ocupado por solucionar los graves problemas que como sociedad estamos viviendo, en materia de salud, inflación, desempleo, educación, aumento de la pobreza, cambio climático, corrupción, entre otros; en la agenda presidencial es más importante salir a confrontar a sus “adversarios” que no son los narcotraficantes, sino los ciudadanos que ejercieron su derecho constitucional a salir a marchar el domingo 13 de noviembre y por ello la idea del Presidente al encabezar la marcha, es aplastarlos para recuperar lo que señala el analista Alfredo Figueroa, AMLO considera de su propiedad que es “el control de la plaza pública” y que tantos dividendos le ha dado en toda su carrera política.
Por ello la marcha del 27 de noviembre ha sido calificada como la de la revancha, la confrontación, de los ardidos, de la radicalización de la sociedad, que pudiera originar incluso acciones de violencia entre los ciudadanos, por las opiniones y posturas que se están asumiendo y de las que nadie se hará responsable. Por ello me pregunto: ¿a quién beneficia la división de los mexicanos? ¿Este es el ejemplo de civilidad y convivencia que estamos dando a las siguientes generaciones?
*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.