La Fundación Mary Street Jenkins informó este miércoles que el juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, suspendió las medidas cautelares que derivaron en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el pasado 29 de junio, por parte del gobierno poblano.
Lo anterior, en favor de la Fundación Mary Street Jenkins y a la Fundación de la UDLAP, que dirige la familia Jenkins de Landa. Además, confirmó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la Fundación.
Por lo tanto, ésta espera que el Poder Judicial y el gobierno de Puebla, encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, “reintegren de inmediato la posesión de la UDLAP” a los Jenkins.
En un comunicado, la Fundación Jenkins señala que la decisión se da luego de tres meses de que un juzgado federal ordenara la devolución de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla y por el mismo juez que facilitó que se interviniera su campos en la ciudad de Cholula.
El pasado 19 de octubre, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en Puebla pidió al Poder Judicial que revisara si el juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez, había incurrido en desacato al no cumplir con la suspensión concedida a la Fundación de la UDLAP para la devolución de sus instalaciones.
La Fundación Mary Sreet Jenkins señaló que en breve convocará a los estudiantes, padres de familia, académicos y empleados administrativos para que los acompañen “con alegría y de forma pacifica a recibir y celebrar el regreso a la normalidad de la FUDLAP”.
La Fundación Mary Street Jenkins, agradeció el “respaldo y las muestras de solidaridad de los poblanos, así como de la comunidad UDLAP durante este atropello que ha logrado ser revertido y del que con seguridad la institución saldrá fortalecida para seguir enriqueciendo su prestigio y excelencia”.
La Fundación menciona en su comunicado que la orden del juez contiene los siguientes efectos irreversibles:
1) Dejar sin efecto las medidas cautelares que propiciaron la ilegal incursión con policías estatales en la Universidad para devolver el campus al único patronato legítimo de la UDLAP, que preside Margarita Jenkins de Landa.
2) Confirma que se levanta el aseguramiento de cuentas bancarias que fueron intervenidas en diversas instituciones para reintegrarse a sus legítimos usuarios (Fundación de la Universidad de las Américas Puebla).
3) Ordena que el campus universitario sea materialmente devuelto de manera inmediata a través del juez local en Cholula, mismo que intervino en la toma de las instalaciones, sin dilación alguna.
Mencionó que la “ilícita intervención propiciada y respaldada por Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, ha sido revertida judicialmente y cualquier obstáculo que se fabrique para impedir que regrese el inmueble de la UDLAP, compromete de forma irreversible el ciclo escolar de la institución”.
Por lo anterior, consideró que se afectaría a 10 mil familias “que verían truncada la formación universitaria de sus hijos, que al día de hoy no han podido recibir sus clases por la ilícita toma ordenada por el Gobernador Barbosa sus secuaces”.
“Esta ejecución judicial confirma que la razón, el derecho y la justicia asisten a la Fundación Mary Street Jenkins en un clima inadmisible de persecución que está siendo enfrentado con éxito ante el Poder Judicial de la Federación”, mencionó.
Además, acusó que “los daños sociales y económicos irreversibles en la Universidad de las Américas Puebla son responsabilidad del Gobierno de Miguel Barbosa Huerta y de quienes en alianza con él, por la fuerza intentaron apropiarse de patrimonio privado a través de litigantes sin escrúpulos que han fracasado en su oscuro propósito, quienes serán llamados a asumir su responsabilidad”.