*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Una vez que el Presidente López Obrador envío a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma eléctrica, para buscar colocar al Gobierno federal y a la CFE como actor preponderante para la producción de energía y quitar los privilegios y negocios que se hicieron con las empresas privadas nacionales y extranjeras en este sector, en los gobiernos neoliberales, con la complicidad de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se desataron toda una serie de declaraciones y debates públicos, respecto a la conveniencia o no de dicha reforma, que fue duramente cuestionada por los Partidos de la Alianza opositora integrada por el PAN, PRI Y PRD y defendida a capa y espada por MORENA y sus aliados, la apuesta final era, saber si el partido del Presidente contaba con los votos necesarios para lograr su aprobación en la Cámara de Diputados, de Senadores y finalmente por al menos 17 legislaturas de los estados por tratarse de una reforma constitucional y las declaraciones vinieron de un lado y de otro ya sea para lograr su avance o para frenarla.

Pero todo cambió en días pasados, cuando el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar publicó en su cuenta de twitter que sostuvo diversas reuniones con funcionarios del gobierno mexicano para tratar el contenido de la reforma Energética propuesta por el Presidente López Obrador y que se encuentra en análisis por el Poder legislativo. Resaltó la preocupación de su país sobre lo que calificó como “critico asunto”

De dicha publicación se puede concluir que existe una clara oposición a la reforma que el Presidente busca a toda costa sea aprobada por el Congreso y en lo cual llevan trabajando varias semanas los líderes de las bancadas tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la república para cumplir las indicaciones de quién los puso en ese lugar y a quién representan, sin tomar en consideración que supuestamente son “representantes populares” su papel es el de ser fieles sirvientes del poder presidencial y lo que menos les interesa, es escuchar las voces y la inconformidad de los empresarios mexicanos e inversionistas extranjeros, que apostaron su capital a este sector.

Incluso la publicación del embajador, deja entrever que el tono de la inconformidad por las violaciones al TMEC que acarrearía dicha reforma y afectaciones a sus connacionales, podría subir de tono, si el Presidente insistía en la aprobación en los términos en que está redactada.

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard intentó salir al quite, al declarar que antes de que el gobierno de Estados Unidos fije su posición ante la reforma, debe contar con información oficial, como si ello fuera suficiente para creer que el embajador no conoce el contenido de la propuesta de López Obrador.

Es de llamar la atención, el hecho de que el embajador logró en unas entrevistas y una publicación de twitter, lo que ni los Partidos opositores, ni los empresarios afectados con la reforma, habían logrado llevar a cabo desde días atrás, que era frenar la aprobación de la reforma.

Así la orden del Presidente, a los líderes de Morena y sus aliados, fue posponer la aprobación de la reforma a abril de 2022, es decir, enviarla a la congeladora, para esperar mejores condiciones y por ahora dedicar todos sus esfuerzos a los trabajos para la Revocación de Mandato, a fin de convencer a los ciudadanos de participar en este ejercicio, que más bien está planeado, para lograr la ratificación del mandato del Presidente para que continúe en el cargo y preparar el camino para su sucesor o sucesora y evitar que MORENA pierda la elección Presidencial de 2024.

Así que, lo que nos espera a los mexicanos de este atribulado país en los próximos meses, es un período de efervescencia política, bombardeo publicitario y de ser testigos de cómo se malgastan nuestros impuestos en un ejercicio inútil que no aportará nada al futuro del país, que requiere la atención urgente de graves problemas como: la inseguridad, narcotráfico, violencia, feminicidios, aumento de la pobreza, corrupción, impunidad, migración y a los cuales hasta ahora el gobierno de la 4T, no ha sabido dar soluciones.

                                                              *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.