La exembajadora de USA en México (2016-2018), Roberta Jacobson concedió una entrevista al periodista Jesús Esquivel de la revista Proceso donde señaló que el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna (arrestado en Estados Unidos por traficar drogas desde 2001 a 2019 y de trabajar para el Cartel de Sinaloa) que el gobierno de México sabía tanto como nosotros (de García Luna), si no es que más y nunca tomó acciones en su momento; sin embargo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa mediante un mensaje en twitter afirmó que él nunca supo nada de las actividades ilegales de García Luna. No obstante, la supuesta ignorancia supina del expresidente sobre lo que hacía su mano derecha en temas de seguridad, es innegable por el vínculo existente entre Calderón y García Luna.
La connotada periodista Anabel Hernández señala que Un grupo de militares le había advertido a Calderón en los tiempos de transición de la administración del presidente Vicente Fox a la suya, que el entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) tenía nexos con el Cartel de Sinaloa. Los militares entregaron videos e interceptaciones telefónicas de miembros del equipo muy cercano de García Luna dialogando y negociando con narcotraficantes. Lo hicieron no solo para que García Luna no tuviera ningún tipo de espacio en la nueva administración, sino para que se le investigara. Además, sobre García Luna pesaban graves acusaciones acumuladas en expedientes judiciales por sus vínculos con bandas de secuestradores, y su ineficacia como servidor público al frente a la AFI.
La misma periodista enfatiza que Calderón no sólo omitió investigar a García Luna, sino que lo nombró responsable de la seguridad de todo el país, le dio más poder, más elementos y más presupuesto. Evidentemente, la AFI había ayudado a la campaña presidencial de Calderón.
Por su parte, Lydia Cacho es la segunda comunicadora que declara que los presidentes mexicanos Fox y Calderón conocían desde siempre las actividades del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), García Luna.
Curiosamente, en diciembre del año pasado, cuando fue detenido García Luna en USA el mismo Calderón publicó en su cuenta de twitter que de confirmarse los hechos de los que se le acusa, esta sería una grave falta a la confianza depositada en él. Sin palabras.
Si bien en la actualidad, la población clama porque la violencia es la situación imperante en nuestro día a día y ha debilitado al gobierno por su incapacidad para hacerle frente, sin embargo, ésta misma va ligada al aumento del poder del narcotráfico. Así pues, el clima de terror e impunidad que reina en el país ha abierto el camino a una banalización de la violencia corriente, que se ha multiplicado. AMLO solía decir que el cártel más peligroso de México era el de Los Pinos. En efecto, un político corrupto es más peligroso que un narcotraficante, ya que uno subsiste y crece gracias al otro.
Evidentemente, el asentamiento y crecimiento de un cártel solo puede ser posible, gracias a tres condiciones por parte del Estado: corrupción, impunidad y omisión. Entonces, en el sexenio de Calderón donde se dio un auge de este negocio, una de dos, policías y autoridades estaban corrompidas, infiltradas o fueron ineficientes en la investigación para detectar y detener las células del narcotráfico.
En conclusión, hablar del narcotráfico es, en muchos sentidos, hablar del Estado y en este caso el Estado del sexenio de Calderón. Es imposible entender esta actividad sin el papel que ha desempeñado el Estado en su surgimiento, al declarar la producción, tráfico y consumo de algunas drogas como una actividad ilegal. Pero también es difícil entender su poder y alcance sin la protección del Estado para su existencia.
México siempre ha estado en manos del narco, aunque el expresidente Felipe Calderón finja estar sorprendido de las acusaciones en contra de su exsecretario de Seguridad Pública, ya que desde siempre se ha sabido que el hombre mejor informado del país es el Presidente de la República y declarar que no estaba al tanto de las actividades y complicidades de García Luna no lo cree nadie en su sano juicio.
Por ello, el Presidente López Obrador está obligado a abrir una investigación contra el expresidente a través de la Fiscalía general de la República y no declarar que lo someterá a una consulta ciudadana, ya que la ley se aplica y no está sujeta a la aprobación de los ciudadanos, que están sujetos al Estado de Derecho.
[1] Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, incorporado a la BUAP.