DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres es una conmemoración en la que lejos de mandar felicitaciones por esta fecha, más bien se convierte en un espacio para reflexionar sobre las diversas situaciones que enfrentan las mujeres y llamar la atención tanto a los órganos de gobierno como a la sociedad misma con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, en el país existen 126 millones 014 mil 024 habitantes, de los cuales 64 millones 540 mil 634 son mujeres y 61 millones 473 mil 390 corresponden a los hombres. No obstante, aún con la diferencia numérica, hasta el momento no hemos contado con una fémina que ocupe la silla presidencial.
Aunado a dicha diferencia, también existen diversos tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres, tales como física, sexual, psicológica, económica, cultural, educativa e institucional. Evidentemente, hay mucha tela de donde cortar, pero en esta ocasión nos centraremos en la trata de personas y la desaparición de mujeres en el país.
Para iniciar, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un promedio de al menos 12 mujeres muere diariamente en América Latina y el Caribe por el mero hecho de ser mujeres. Hay un aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. En la región, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física y/o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida, lo cual fue acentuado durante más reciente pandemia mundial.
La trata de personas supone la promoción y materialización de explotación de una persona, mediante el rapto, retención, traslado forzado, engaños y/o coacción moral y psicológica, para obtener lucro o beneficio del tráfico de individuos o su sometimiento a trabajos forzados, explotación sexual, la extirpación de un órgano y formas análogas a la esclavitud y la servidumbre. En su modalidad de explotación sexual es un fenómeno delictivo que involucra dinámicas de captación (por la vía violenta o mediante engaños), retención e incomunicación de las víctimas, sometimiento a labores de prostitución, formas de victimización convergentes, violencias basadas en género y otras formas de explotación asociadas (obligación a la comisión de tráfico de estupefacientes o delitos contra el patrimonio). En su mayoría afecta a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, muchas de las cuales pueden ser movilizadas contra su voluntad fuera de sus comunidades, estados e incluso a través de fronteras internacionales.
Evidentemente, este tipo de explotación hace alusión a diferentes grupos de poder que finalmente tienen en común ciertos aspectos, tales como la cosificación de la mujer (pues éstas pueden ser poseídas, vendidas y explotadas), un régimen de violencias patriarcales y misóginas que vulneran los derechos humanos de las mujeres y cuyos actores principales van desde redes macrocriminales, pasando por organizaciones compuestas por vínculos familiares, hasta llegar las mismas relaciones sexo afectivas.
Algunas mujeres que se dirigen a las ciudades en busca de oportunidades de laborales o de estudio, mejores condiciones de vida y/o supervivencia, puede ser aprovechada por redes de trata quienes, por medio de engaños, captan a mujeres con la intención que realicen trabajo servil sobre todo la explotación sexual. Como quiera que sea, la trata de personas es un fenómeno ligada a la desaparición de mujeres. a la prostitución, además que surgen otro tipo de consecuencias gravísimas que van de la mano, como la desaparición y hasta el feminicidio.
Es un muy difícil panorama, y de acuerdo con diversos diagnósticos e informes, tanto nacionales como internacionales, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Así pues, ante tal diagnóstico, lo que puede ser un diferenciador es atacar las vulneraciones de este segmento de la población, esto es, edad, condición socioeconómica, riesgos laborales, condición migrante o extranjera, discapacidades, ser madres, origen indígena, hábitos de consumo, nivel educativo, entre muchos otros, pero sobre todo que haya voluntad política para atajar este laberinto sin fin.