Tras permanecer un año en prisión, Irene exige justicia por una denuncia presentada contra su expareja, quien trabaja como funcionario judicial; acusa omisiones y posibles favoritismos en su proceso
Luego de denunciar presuntos actos de violencia familiar por parte de su excónyuge, un funcionario del Poder Judicial del Estado de Puebla, Irene emprendió una lucha legal en la que asegura haber enfrentado irregularidades, omisiones institucionales y hasta la privación de su libertad.
El conflicto comenzó en febrero de 2024, cuando la mujer presentó una denuncia contra Carlos Isauro N., quien se desempeña como secretario proyectista del Juzgado Cuarto Familiar, después de diversos episodios de presunta violencia durante su matrimonio de más de dos décadas.
Aunque elementos de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) intervinieron para retirar al señalado del domicilio donde ocurrió uno de los incidentes, la denuncia no fue judicializada en aquel momento.
De acuerdo con el testimonio de Irene, posteriormente su expareja promovió acciones legales en su contra que avanzaron con mayor rapidez y derivaron en su detención.
La mujer permaneció privada de su libertad entre agosto de 2024 y agosto de 2025, periodo durante el cual asegura que enfrentó dificultades para defenderse y dar seguimiento a los procedimientos judiciales.
Señala presunta violencia institucional
Tras recuperar su libertad, Irene continuó exigiendo que las autoridades atendieran la denuncia presentada contra su excónyuge, hasta conseguir que el caso avanzara a una audiencia de imputación programada para el 15 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Puebla.
Acompañada por integrantes de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, denunció que durante su encarcelamiento se realizaron diligencias y notificaciones judiciales en su contra, situación que considera una muestra de las irregularidades que han marcado su proceso.
Además, señaló que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación a su favor, por lo que solicitó que su caso sea revisado sin privilegios ni favoritismos derivados del cargo que ocupa su expareja.
Por su parte, Gabriela Rosas, representante de la colectiva que acompaña a Irene, pidió al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez, intervenir dentro de sus atribuciones para revisar las actuaciones judicial.
