En el estado de Puebla somos aproximadamente 126 jueces de primera instancia, cifra que se alcanzó gracias a la continua creación de nuevos órganos jurisdiccionales durante la gestión de Héctor Sánchez Sánchez como presidente del Consejo de la Judicatura.
Existen cinco salas civiles y cuatro penales —funcionando de manera unitaria o colegiada—, así como una Sala Especializada en Justicia para Adolescentes y otra en materia constitucional, que también conoce de asuntos de jurisdicción ordinaria.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura está integrado por cinco consejeros; sin embargo, a la fecha, solo tres ponencias cuentan con titular, mientras las otras dos se hallan “comisionadas” a una jueza que contendió para magistrada federal en la pasada elección sin lograr su cometido.
Todo esto viene a colación porque, en 2027, todos esos cargos —con la excepción del Tribunal de Justicia Administrativa, que se separa definitivamente del Poder Judicial, y del propio Consejo de la Judicatura, que será sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial— serán renovados mediante voto directo de la ciudadanía poblana.
En efecto, por primera vez en más de doscientos años de vida independiente del estado de Puebla, los jueces serán elegidos no por compadrazgos, ni mediante amañados concursos de oposición donde imperaba el uso de memorias USB con resoluciones previamente preparadas, sino por el sufragio universal y directo del electorado poblano.
Un ejercicio democrático que exigirá gran preparación y esfuerzo. Aunque la Constitución local ya fue reformada para armonizarse con la federal en esta materia, aún está pendiente la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya elaboración —para sorpresa de muchos, empezando por quien esto escribe— el actual Consejo está interviniendo.
Estamos seguros de que esa jornada electoral será un éxito, como lo fue la federal del pasado primero de junio, gracias a la visión de Estado de nuestro gobernador Alejandro Armenta.
Ahora nos toca a nosotros, los ciudadanos, comenzar a prepararnos para ese magno evento. Debemos informarnos sobre quiénes son actualmente jueces, magistrados y consejeros en funciones.
¿Quién es quién? Esa será la gran interrogante.
¿Puede un juez que gana cincuenta mil pesos mensuales tener una casa con salón de fiestas incluido, o terrenos en los fraccionamientos más exclusivos de Angelópolis, con carrito de golf a la puerta?
No parece verosímil.
¿Puede un magistrado en funciones tener edificios, negocios de pipas de agua, terrenos, viajar continuamente a Las Vegas por su conocida tendencia ludópata, y aún así sobrarse dinero para hacerse algunos “arreglitos” estéticos en clínicas privadas de alto costo, todo con un sueldo de poco más de ochenta mil pesos mensuales?
Tampoco lo creo.
Y también debemos, como ciudadanos, investigar de dónde provino cada uno: ¿quién los recomendó? ¿Quiénes fueron sus jefes? ¿Tienen carrera judicial? Porque —como en muchos aspectos de la vida— la experiencia sí hace la diferencia.
Veremos cuántos togados en funciones deciden ir a la elección directa y cuántos prefieren jubilarse o vivir de sus rentas.
Lo cierto es que, dentro de escasamente dos años, el Poder Judicial que hoy conocemos ya no existirá más, para dar paso a una Judicatura del pueblo y para el pueblo, que coadyuve, sin titubeos, a la edificación del segundo piso de la Cuarta Transformación en nuestra entidad.
Veremos y diremos.
