Por: Alejandro García Limón
El jueves 10 de abril de 2025, el gobernador Alejandro Armenta reveló en su conferencia de prensa las tensas negociaciones sostenidas con el consorcio inmobiliario Proyecta. Según Armenta, el gobierno solicitó la donación de dos hectáreas de terreno para fines públicos, pero la empresa se negó y, en su lugar, ofreció venderlas. Esta negativa llevó al anuncio de una posible expropiación de cuatro hectáreas, marcando el inicio de un conflicto que pronto se desbordó más allá del ámbito local.
Las redes sociales y los medios de comunicación —prensa escrita, radio y televisión— amplificaron la disputa hasta convertirla en un escándalo de escala nacional e incluso internacional. Surge entonces una pregunta clave: ¿Qué partidos políticos, empresas nacionales y extranjeras, o asociaciones civiles están detrás de esta embestida mediática contra el gobernador? ¿Y quiénes podrían estar beneficiándose económicamente de esta situación durante los próximos años?
Para comprender la profundidad del conflicto entre gobierno y empresa, y por qué tiene raíces más complejas de lo que parece, es necesario remontarnos a ciertos hitos históricos clave:
- 1573: Felipe II de España emite una cédula real para dotar de tierras y agua a los pueblos indígenas con fines comunales.
- 1915: Venustiano Carranza promulga la Ley Agraria, dando forma al sistema ejidal.
- 1937: Lázaro Cárdenas consolida el ejido como núcleo de la reforma agraria mexicana.
- 1982-1988: Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, bajo el pretexto de modernizar la economía y combatir la corrupción, inicia el proceso de privatización de cientos de empresas paraestatales. Esta política neoliberal remató ingenios, bancos, mineras, empresas automotrices, cementeras, medios de comunicación y más, beneficiando a una nueva élite empresarial ligada al poder político.
- 1992: Carlos Salinas de Gortari, tras un controvertido ascenso a la presidencia, reforma el artículo 27 constitucional y legaliza la venta de ejidos. Se abren las puertas a la compra masiva de tierras comunales y recursos hídricos por parte de empresarios nacionales y extranjeros. Para dar “certeza jurídica” a estas operaciones, se crean los Tribunales Agrarios, bajo el control del Ejecutivo.
Desde entonces, los ejidos dejaron de ser intocables. A través de prestanombres y estrategias legales, personajes cercanos al poder se apropiaron de grandes extensiones del país. El conflicto actual entre Armenta y Proyecta es solo la última expresión de una lucha histórica entre el interés público y los intereses privados por el control de la tierra y los recursos.
El caso de Puebla, más que un diferendo puntual, refleja décadas de despojo legalizado y acumulación de poder empresarial. Lo que hoy parece una pugna local, podría ser solo el capítulo inicial de una larga batalla por el futuro del territorio.
Con información de http://impulsoinformativo.net