La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó esa determinación para analizar el documento interpuesto por la defensa del político.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat el amparo interpuesto por la defensa de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, contra su extradición a Estados Unidos.
El documento (788/2018), presentado el 30 de abril de 2018, fue sobreseído por la jueza Abigail Cháidez Madrigal, del Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, el 15 de octubre de ese año.
La defensa tramitó un recurso de revisión (314/2020) de la resolución negativa del amparo, que se turnó a un Tribunal Colegiado, quien consideró que la Suprema Corte de Justicia debe resolver los señalamientos de inconstitucionalidad en el artículo 1 de la Ley de Extradición y 3 y 13 del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México.
“Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión que formula el Director Jurídico de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representante jurídico de dicha Secretaría de Estado”.
Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas (2005-2010) fue detenido el 6 de octubre de 2017, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según quedó asentado en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira.
Tiene otro proceso que quedó integrado en la carpeta 33/2018, por cargos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la compra de un predio en el municipio de Victoria.
También se le acusa de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos, según consta en la carpeta 237/2018.
El exgobernador es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, que busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.
La entonces Procuraduría General de la República PGR) promovió el 16 de octubre de 2017, la solicitud de detención provisional con fines de extradición, misma que fue otorgada por el juez Raymundo Serrano Nolasco (1/2017), bajo los cargos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
El 23 de enero del 2018, el juez Eucario Adame Pérez emitió una opinión en contra de la extradición de Hernández a Estados Unidos. Sin embargo, el 2 de marzo, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, emitió el acuerdo que concedía la extradición.
El 16 de marzo, se dio a conocer que la extradición se otorgaría, pero solo por lavado de dinero, uno de los tres delitos por el que se requería al mandatario en Estados Unidos.