Alberto Jiménez Merino

Nunca había visto la urgencia por terminar una administración federal con tanta anticipación en México como la que hoy atestiguamos. Apenas llegando a la mitad del periodo constitucional, se anuncia por su titular que “ya hay corcholatas y destapador” al respecto, según expresiones literales.

Y para aumentar la confusión y confrontación social, se impulsa la revocación de mandato como la forma, inconstitucional según los expertos, de saber la opinión del pueblo sobre si continúa o no el actual presidente electo por seis años.

Estas dos acciones, junto a la consulta nacional para enjuiciar a los expresidentes de la república, y la búsqueda de perdón por lo que hicieron los españoles hace 500 años, parecen ser las prioridades nacionales en un país donde el COVID19 ha cobrado más de 246 mil muertos y en donde, según datos oficiales, el nivel de contagios ha vuelto a más de 25 mil personas por día.

En estas prioridades, y más allá de emitir una declaratoria de emergencia, no caben la atención a la severa sequía que afecta una gran parte del territorio nacional que ha disminuido la cosecha de granos básicos, reducido el abasto de agua a los centros de población y amenaza la generación de electricidad por el bajo volumen de almacenamiento de las presas.

Como consecuencia de las reducidas cosechas nacionales, los precios de los alimentos como la tortilla amenazan con incrementar su precio, sin contar con que una gran sequía en Brasil redujo los escurrimientos hacia el Rio Paraná provocando una reducción de caudal que limitará las exportaciones de maíz y soya de Argentina, segundo exportador mundial, al ser la vía fundamental para el transporte.

Sobre la tortilla, hace unos años la Universidad Tecnológica de Puebla estimó que el precio del gas representaba el 32 por ciento del costo de producción de la tortilla y el maíz el 33 por ciento. Solo gas y maíz son el 65 por ciento del costo de las tortillas, el alimento básico más importante en la dieta de todos los mexicanos. Actualmente, ambos insumos tienen tendencia a la alza.

No han sido prioridad nacional tampoco, el abasto de medicamentos, la atención de los niños con cáncer, los reclamos y luchas de las mujeres, la inseguridad pública que se percibe creciendo en el país, la atención al medio ambiente ni la pobreza de la gente.

El Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) que mide el nivel de pobreza en México, estimó un incremento cercano a 9.8 millones de personas que no pueden cubrir el gasto de los alimentos básicos como consecuencia del COVID-19 (El País, 2021).

Con datos oficiales o provenientes de otras fuentes, es evidente que la pobreza en nuestro país se ha incrementado en los últimos 3 años no obstante la cantidad de recursos destinados a los programas sociales.

Y es que las ayudas sociales solo han servido para contener la pobreza, resolver necesidades de muy corto plazo. Sin políticas de fomento productivo e impulso al empleo, los programas sociales no tendrán ningún impacto positivo en la economía. Y no hay presupuesto que alcance.

Las familias actualmente están descapitalizadas, los municipios están marginados presupuestalmente. Según Korina Bárcena, en El Universal, la pandemia COVID19 redujo las recaudaciones municipales en más del 60 por ciento dejando en números rojos a más del 80 por ciento de los 2 mil 450 municipios del país.

Entre consultas constantes y sin sustento, reelecciones, sucesión presidencial adelantada y la aberración de la revocación de mandato, nos encontramos ya en permanente campaña, en donde la atención de los problemas nacionales reales pasan a segundo término.

Tenemos hoy más que nunca, gobiernos alejados de las necesidades del pueblo, que procuran con eficiencia atender buena parte de los deseos de la gente para asegurarse apoyos electorales, sabedores de que sus acciones no contribuyen al desarrollo de las comunidades.

Mismo comportamiento mantienen los partidos políticos en donde las causas sociales, las necesidades reales, pasan a segundo término dando paso a negociaciones políticas sin agendas preestablecidas que beneficien la sociedad, algunas veces con acuerdos vergonzantes.

El mantenimiento a carreteras, los servicios básicos urbanos, el abasto de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, el manejo de los residuos sólidos, la seguridad pública, el fomento productivo y al empleo, internet para las comunidades rurales, el mantenimiento a escuelas, la seguridad alimentaria, el abasto de medicinas y el apoyo con médicos a los centros de salud, bien pueden aguantar hasta la próxima campaña electoral y así hasta la eternidad, porque lo de hoy es realizar consultas, sucesión presidencial y revocación de mandato.

¡México creo en ti!