Al término del 2018, ocho ciudades mexicanas fueron catalogadas como las ciudades más inseguras del país; en ellas, el 90 por ciento de la población adulta se siente insegura y, más del 90 por ciento de las personas mayores de 18 años señalaron que, vivir allí es inseguro según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Vivir en paz, en lugares seguros en donde haya empleo para tener ingresos dignos, son las mayores aspiraciones actuales para millones de poblanos y mexicanos. Las cosas materiales van y vienen, pero la tranquilidad es muy difícil de recuperar después de haber vivido el flagelo de cualquier forma de delincuencia.

De acuerdo con reportes oficiales, hay 40 municipios de México, en 12 estados, en donde existe robo de combustibles. Al finalizar 2018, se  contabilizaban 6 mil 333 perforaciones a los ductos que conducen los hidrocarburos, habiendo una tendencia creciente en municipios en donde no se había registrado esta afectación.

Este es tan sólo un ejemplo de uno de los delitos más publicitados y de más impacto en la actualidad, con efectos que obligan a las autoridades a poner su mejor esfuerzo y sus mejores estrategias para su contención y eliminación. La tragedia de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, así lo exige.

En Puebla, el robo de hidrocarburos ha ocurrido en el corredor que comprende los municipios de Esperanza hasta Tlahuapan, a lo largo de la autopista México-Puebla, en donde se ubican los ductos. Este estado forma parte de los 5 con mayor incidencia, en donde además se ha alterado la paz y la tranquilidad de la población, significativamente.

El robo a trenes y el abigeato o robo de ganado, son también preocupaciones de los poblanos.

Pero el combate de un delito deriva en la aparición de otros que permitan compensar la falta de ingresos ilícitos que no se obtienen de la actividad original y, generalmente estos son, según se percibe, afectaciones directas a la población tales como robo de autos, a casa habitación, robo a transporte, robo de mercancías y secuestro.

Entre las primeras estrategias que vi legislar en la Cámara de Diputados y de las que no compartí, estaba el incremento a los presupuestos de las dependencias de seguridad pública, incluso por encima de las de educación y fomento económico. Mi desacuerdo radicaba entonces y lo reitero hoy, porque el simple hecho de aumentar patrullas, policías, armas e infraestructura no resuelve un problema tan complejo si no se aborda de manera integral con una estrategia de coordinación entre órdenes de gobierno.

Sin ser un gran conocedor de las áreas de seguridad, como ciudadano considero que se deben prever las consecuencias de atacar un delito para aminorar sus impactos colaterales y sus consecuencias sobre la población que hoy reclama paz y seguridad para sus familias, algo sagrado que así deberíamos cuidar.

Pero la población se encuentra descapitalizada, millones de familias viven al día y sus únicas fuentes de financiamiento, si las hay,  están entre los prestamistas de las comunidades. Los intereses son altos, 10 por ciento promedio mensual, lo cual es algo que inhibe cualquier actividad productiva.

El microfinanciamiento, el de los pagos chiquitos, ayuda pero no resuelve el problema. Con el paso del tiempo la gente termina pagando mucho más que de contado. A los bancos comerciales no les ha interesado atender el microcrédito y sus esquemas financieros son caros, como la tarjeta de crédito, para una población donde más de la mitad están en pobreza.

Y los programas gubernamentales de apoyo económico son insignificantes. Los créditos a la palabra solo han quedado en palabra. Recientemente hemos visto que en la política federal desaparecen instancias que promovían el emprendedurismo, algo que bien manejado y apoyado podría tener mejores resultados.

Al sistema educativo le ha faltado y fallado integrar educación cívica y valores éticos, educación financiera, educación alimentaria y nutricional y educación ambiental. Se aprueban y cancelan reformas educativas como cancelar una cita. Aún no sabemos cuál es la buena.

A la administración pública le han faltado políticas públicas y agilidad en la aplicación de programas y apoyos, regionalización de la atención y estratificación de acciones entre los diferentes sectores poblacionales.

Los apoyos de carácter asistencial no tienen una correspondencia  o equilibrio con los programas de fomento. A la mesa le falta una pata o dos. En el fomento seguimos privilegiando apoyos materiales sobre los apoyos técnicos. La gente necesita capacitación y asesoría para poder aprovechar al máximo lo que se le otorga.

Sin distingo de colores políticos, a unos y otros les ha dominado la tentación de ganar clientela electoral para los siguientes procesos. Se han abandonado  en gran parte los  principios de la política. Lo que importa es ganar, como sea.

Necesitamos atender los problemas desde su origen, escuchando a la gente en sus deseos para poder descubrir sus necesidades. Necesitamos que sean parte en la construcción de las soluciones, no solo receptores de lo que creemos que necesitan, generalmente acciones equivocadas.

¿A poco nos vamos a quedar así?