Gabriela García Guzmán
Las denuncias de presuntas extorsiones y cobros ilegales dentro del penal de San Miguel podrían derivar en una mayor participación de las autoridades federales en las tareas de supervisión, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier reconociera la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para colaborar en la revisión del sistema penitenciario.
El mandatario estatal señaló que su administración mantiene comunicación con las instituciones federales y no descartó solicitar un acompañamiento más amplio para atender las irregularidades expuestas por familiares de internos.
Como parte de las primeras acciones, adelantó que se prepara el traslado de personas privadas de la libertad presuntamente relacionadas con amenazas y extorsiones al interior del centro de reclusión.
Aunque evitó precisar fechas y el número de internos involucrados, indicó que las reubicaciones podrían concretarse durante los próximos días.
Armenta Mier explicó que el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, participa en las mesas de diálogo con las autoridades responsables del penal, donde se revisan las demandas de los familiares y los señalamientos contra funcionarios penitenciarios.
Aseguró que su gobierno escuchará las inconformidades y que cualquier irregularidad atribuida a servidores públicos será investigada para establecer posibles responsabilidades.
Asimismo, destacó que la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina ya colaboran con la Secretaría de Seguridad Pública estatal mediante recorridos y visitas periódicas, por lo que el respaldo ofrecido por la Federación permitiría mantener la coordinación institucional.
“Claro que agradecemos y claro que necesitamos el apoyo, claro que contamos con el apoyo y claro que trabajamos en equipo”, expresó el gobernador al referirse a la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El mandatario reconoció que el centro penitenciario ha experimentado diversos cambios desde el inicio de su gestión y sostuvo que las autoridades continúan evaluando las condiciones en las que opera.
Las inconformidades de familiares de internos incluyen denuncias por presuntos cobros indebidos y exigencias de cambios en la administración del reclusorio.
Mientras se desarrollan las investigaciones, el gobierno estatal mantiene abierta la posibilidad de fortalecer la vigilancia con apoyo federal, sin que hasta el momento se haya anunciado una modificación formal en la administración del penal de San Miguel.
