Por: Mariana Flores
Este fin de semana se llevó a cabo la segunda megamarcha por agua limpia en Ciudad de México, donde cientos de personas de la zona Metropolitana de Guadalajara avanzaron del Ángel de la Independencia rumbo al Palacio de Gobierno.
Y es que, desde hace meses, habitantes de distintas colonias denuncian que reciben líquido turbio, con sedimentos y olores desagradables; durante octubre, las protestas aumentaron y el conflicto llegó a las calles, al Congreso de Jalisco y a la discusión nacional.
La inconformidad no gira únicamente en torno a la calidad del agua. Los habitantes también exigen explicaciones sobre la infraestructura hidráulica, respuestas ante las posibles afectaciones a la salud y responsabilidades por los operativos policiales contra quienes salieron a manifestarse.
El gobierno reconoce la crisis y anuncia recortes al suministro
El 6 de octubre, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus reconoció la gravedad del problema y anunció que su administración dejaría de utilizar temporalmente el agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, identificados por las autoridades como parte del problema de calidad del suministro.
La medida implica reducir el flujo de agua que recibe la ciudad hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses. El gobierno estatal planteó esta decisión como una respuesta inmediata para disminuir la llegada de agua contaminada a los hogares, aunque anticipó que la población tendría que enfrentar una reducción del suministro.
El mandatario también anunció que su administración buscaría construir un acueducto sustituto entre Chapala y Guadalajara para resolver el problema a largo plazo.
Sin embargo, la decisión abrió otra preocupación: cómo garantizar el acceso al agua mientras avanzan las obras y qué colonias resentirán más los recortes.
De acuerdo con reportes periodísticos de la región, vecinos de distintas zonas del sur de Guadalajara ya habían realizado bloqueos para exigir una solución. Algunos denunciaron que el agua salía con coloraciones oscuras, sedimentos y olores similares a los de las aguas residuales.
Las denuncias ciudadanas y las dudas sobre la calidad del agua
Aunque las autoridades anunciaron medidas, las quejas no desaparecieron. Los habitantes continuaron compartiendo imágenes y videos del agua que salía de sus grifos, mientras organizaciones civiles cuestionaron la vigilancia del sistema de abastecimiento.
Un estudio ciudadano del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), realizado en junio con 184 muestras de agua de 90 colonias, encontró que más del 93 por ciento de las muestras no tenía cloro residual detectable. El análisis también reportó presencia de contaminantes como plomo, mercurio, nitratos y E. coli en algunas muestras.
En consecuencia, las organizaciones solicitaron análisis independientes, información pública y medidas para identificar las fuentes de contaminación.
La crisis también expuso problemas que especialistas relacionaron con descargas de aguas residuales, contaminación industrial, crecimiento urbano y rezagos en la infraestructura de tratamiento.
Claudia Sheinbaum pide resolver el problema y cuestiona la respuesta policial
El pasado 8 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la situación en Guadalajara y señaló que los gobiernos estatal y federal debían coordinarse para atender la mala calidad del agua en beneficio de la ciudadanía.
Sin embargo, la relación entre los órdenes de gobierno se complicó después de la manifestación del 11 de octubre.
Durante esa jornada, miles de personas salieron a las calles para exigir agua limpia. La protesta terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, uso de gases lacrimógenos y chorros de agua, personas lesionadas y decenas de detenciones.
El 12 de octubre, la mandataria federal pidió al gobierno de Jalisco explicar el operativo, transparentar la información sobre las personas detenidas e investigar posibles abusos. La presidenta rechazó tanto la represión de las manifestaciones pacíficas como los actos violentos.
La controversia llevó el conflicto más allá de la infraestructura hidráulica: ahora también estaba en discusión el derecho de la ciudadanía a protestar y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Respuesta del gobierno estatal
El 13 de octubre, Lemus Navarro reconoció que los policías utilizaron fuerza excesiva durante la manifestación y calificó de injustas algunas de las detenciones. Al tiempo, anunció que su gobierno investigaría lo ocurrido.
Las siete personas que todavía permanecían bajo custodia tras los hechos fueron liberadas, según reportes publicados el 14 de octubre.
El gobernador también defendió la necesidad de investigar los posibles abusos de autoridad y deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, las exigencias ciudadanas comenzaron a incluir no solo el acceso al agua limpia, sino también justicia por la actuación policial y la revocación del mandato de Lemus Navarro.
El acueducto de 12 mil millones de pesos abrió otro frente
El 16 de octubre el debate sobre la solución de fondo volvió a cobrar fuerza con los detalles del proyecto de un nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara.
La obra tendría un costo cercano a los 12 mil millones de pesos y el gobierno estatal propuso financiarla mediante un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación con participación privada y estatal durante un periodo de entre 20 y 25 años.
La propuesta busca sustituir parte de la infraestructura antigua que transporta agua desde Chapala. Sin embargo, el esquema de financiamiento generó diferencias con el gobierno federal y críticas de organizaciones civiles, que cuestionaron la transparencia del proyecto y advirtieron sobre los riesgos de abrir espacio a la operación privada del servicio.
La presidenta insistió en que la Federación puede colaborar con Jalisco para resolver el problema, pero expresó su rechazo a cualquier esquema que implique privatizar el servicio del agua.
Segunda megamarcha termina entre acusaciones y actos vandálicos
El domingo 18 de octubre, habitantes de Guadalajara volvieron a salir a las calles para exigir agua limpia y reclamar por las detenciones y los presuntos abusos policiales del fin de semana anterior.
La movilización enfrentó nuevas tensiones cuando un grupo de personas encapuchadas lanzó petardos y provocó daños en edificios públicos, entre ellos el Congreso estatal y el Palacio de Justicia.
Los organizadores denunciaron la presencia de provocadores y cuestionaron la falta de protección para quienes pretendían manifestarse pacíficamente. Algunos también acusaron al gobierno estatal de buscar desacreditar la protesta, aunque esa afirmación corresponde a su versión de los hechos y no constituye una responsabilidad demostrada.
El gobernador de Jalisco, por su parte, condenó los actos violentos y sostuvo que no representaban el propósito de la movilización ciudadana. Al tiempo, informó sobre la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con los disturbios y señaló que las autoridades determinarían las responsabilidades correspondientes.
Pese a los incidentes, los manifestantes mantuvieron sus reclamos por el agua y exigieron la revocación del mandato del gobernador.
Conversación pública: las voces que exigen agua limpia
Uno de los pronunciamientos más destacados llegó el 18 de octubre, cuando el cineasta mexicano Guillermo del Toro expresó su respaldo a las protestas durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
El director, originario de Guadalajara, calificó de “insostenible, indescifrable y aterrador” que las personas tengan que salir a las calles para exigir acceso a un servicio tan básico.
Del Toro afirmó que el agua es un derecho, una necesidad y una urgencia social que las autoridades deben resolver. También aceptó firmar una petición ciudadana que exige la destitución del gobernador Pablo Lemus.
Sus declaraciones tuvieron eco en medio de las movilizaciones que durante octubre han reunido a miles de personas.
También, la influencer mexicana Tammy Parra compartió en redes sociales testimonios sobre la crisis y las manifestaciones, con imágenes y comentarios acerca del uso de gases lacrimógenos durante las protestas.
La participación de figuras públicas amplió la conversación en redes sociales y llevó el reclamo de los habitantes a una audiencia nacional.
¿Qué sigue para Guadalajara?
La crisis continúa con varios frentes abiertos. Por un lado, el gobierno estatal necesita garantizar que el agua que llega a las viviendas cumpla con las condiciones sanitarias correspondientes y explicar cómo funcionarán los recortes anunciados.
Por otra parte, la construcción del nuevo acueducto plantea preguntas sobre su financiamiento, sus plazos y la participación de empresas privadas.
También permanece la exigencia de esclarecer los hechos del 11 de octubre, investigar los posibles abusos policiales y garantizar el derecho a la protesta.
Mientras los gobiernos discuten cómo financiar las obras y las organizaciones exigen transparencia, la ciudadanía espera que las medidas anunciadas se traduzcan en resultados verificables.
